l artículo 40 de nuestra Constitución establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal; esta determinación es de aquellas que los estudiosos del derecho constitucional consideran decisiones políticas fundamentales, esto es, encarnan principios inmodificables por los poderes constituidos, su vigencia o no está en manos del pueblo soberano.
Sólo una revolución, un golpe de Estado o una catástrofe internacional podrían alterar legítima o ilegítimamente alguna de esas decisiones. Somos una república, no una monarquía, somos iguales y los gobernantes no pertenecen a una casta o estamento diferente al de los gobernados, son nuestros representantes mientras ejercen sus cargos; los elegimos por tiempo determinado y sus facultades están especificadas en la ley.
Decidimos, por conducto de nuestro congreso constituyente, que la democracia será representativa; no es posible pensar hoy en una democracia directa. Dado el número de los ciudadanos y la dispersión en un amplio territorio de las poblaciones, no es factible imaginar una votación abierta y directa de todos reunidos en la plaza pública, la representación es indispensable.
Sin embargo, corrientes de pensamiento político muy importantes presionan para que se dé un paso adelante en la democracia y ésta sea representativa, en donde no es posible otra solución, pero que sea participativa en todo lo admisible.
La democracia participativa es un avance frente al sistema ya obsoleto de votar cada tres años y sentarnos a ver si nuestros representantes actúan bien o mal, son honrados o son corruptos, capaces o incapaces; hoy se exige en una democracia moderna, que los ciudadanos tengamos vías para la participación más allá del sufragio periódico.
Dentro de esta línea de pensamiento se encuadra la iniciativa elaborada por Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, secundada por sus compañeros jefes delegacionales de Morena en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac y Xochimilco. La iniciativa fue entregada al grupo parlamentario de su partido para que a su vez formalmente se presente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La propuesta pretende que los grandes proyectos urbanos y las construcciones mayores que alteran la vida de la ciudad y son generadoras de infinidad de problemas de convivencia, no se aprueben sin oír previamente la opinión de los habitantes del entorno, pueblos, colonias o barrios que son afectados.
Se trata de una institución de democracia participativa; como es sabido desde mediados del siglo pasado se ha propuesto que los ciudadanos cuenten con instituciones de avanzada en las que se tome en cuenta la voluntad popular durante los periodos intermedios entre una elección y otra. Las instituciones que tradicionalmente se aceptan como expresiones de democracia participativa son la revocación del mandato, la iniciativa popular, el plebiscito, el referendo y una forma nueva que se abre camino: la consulta popular. Avanzar en ese sentido es positivo, es una muestra de acatamiento a la soberanía popular y un paso en la búsqueda de una mejor democracia.
Para nadie es un secreto que en los años recientes, al amparo de la corrupción, se han multiplicado las grandes construcciones, conjuntos habitacionales y comerciales, plazas y otros desarrollos inmobiliarios de alto impacto. Los llamados desarrolladores son percibidos por la población como verdaderos enemigos de la ciudad y de sus pobladores.
Recientemente a estos grandes conjuntos, que alteran la vida de la ciudad y la destruyen en parte, se le han dado nuevos nombres como corredores culturales o áreas de gestión estratégica.
La propuesta es sencilla pero va al fondo; para este tipo de construcciones será indispensable, si se aprueba la iniciativa, que se cuente con la anuencia de los vecinos afectados por las obras faraónicas; es lo menos que se puede pedir.
