Organizaciones civiles mexicanas presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tres casos de desaparición forzada. En los escritos advierten acerca de deficiencias en el acceso a la justicia para los casos de desaparición, ‘‘en contextos sistemáticos y generalizados de impunidad’’.

I(dh)eas (Litigio Estratégico en Derechos Humanos) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) argumentaron ante el comité de la ONU que no existía posibilidad de obtener justicia en el país. Por ello, afirman los grupos civiles, se abría la competencia de ese organismo internacional, con sede en Ginebra.

Los casos expuestos en la ONU son los siguientes: Christian Téllez, estudiante de ingeniería industrial, fue desaparecido en 2010 en Poza Rica, Veracruz, por la policía intermunicipal. El joven fue obligado a bajar de su auto y abordar una patrulla, mientras su esposa los seguía en una camioneta. ‘‘Dos policías en motocicleta le dijeron a la señora que los dejara de seguir o iba a tener problemas. A pesar de que existen testigos de los hechos que reconocieron a los agentes, las autoridades no han dado ningún resultado, las investigaciones no han avanzado y su paradero aún sigue siendo desconocido’’, indican las organizaciones no gubernamentales.

Jesús Israel Moreno desapareció en 2011 en Chacahua, Oaxaca. La procuraduría del estado tipificó el delito como robo y homicidio en medio de una serie de irregularidades. ‘‘Los testimonios tomados son contradictorios. Se tiene detenidos a tres supuestos responsables, quienes señalaron tortura durante el arraigo. Los peritajes que prueban los hechos fueron montajes que pretendieron dar por muerta a la víctima sin la existencia de ningún cuerpo encontrado hasta el momento’’.

Víctor Manuel Guardado fue desaparecido en 2013 en Piedras Negras, Coahuila, después de que elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila ‘‘entraron a su domicilio, lo golpearon y torturaron delante de su familia, supuestamente para que confesara la ubicación de unas armas y dinero. Después se lo llevaron en una camioneta y fue visto en las instalaciones de este cuerpo policial. A pesar de los testigos la corporación negó la detención del comerciante y las autoridades de investigación no han hecho nada por encontrar a la víctima y sancionar a los responsables’’.

Estos casos presentados ante el comité, afirman las ONG, ‘‘ejemplifican los patrones estructurales que permiten y fomentan la desaparición de personas en México, así como los obstáculos a la justicia que enfrentan sus familiares’’.

Cifras compiladas por la Secretaría de Gobernación indican, al corte del 31 de julio pasado, la existencia de 24 mil 551 averiguaciones previas de personas ‘‘no localizadas’’, interpuestas en procuradurías y fiscalías estatales.

La entidad con el mayor número de casos es Tamaulipas, con una quinta parte del total nacional; le siguen el estado de México con 2 mil 387 y Nuevo León, con 2 mil 187 expedientes.

Luego están Jalisco (2 mil 29); Chihuahua (mil 647) y Coahuila (mil 430). Al recuento anterior deben agregarse 880 averiguaciones del fuero federal, es decir, la investigación que está a cargo de la Procuraduría General de la República. Al 30 de septiembre, Guerrero estaba en primer sitio con 221 casos; luego, Veracruz, con 132, y Tamaulipas, 108.

Actualmente se prepara una ley de desaparecidos, la cual plantea aumento de penas para los responsables de ese delito y un sistema de búsqueda basado en protocolos de acción inmediata. Además, crear un registro nacional de víctimas (La Jornada, 4/10/15).