La sobrexplotación del agua subterránea para riego de hortalizas de exportación ha creado problemas graves de salud para comunidades enteras, que beben el líquido contaminado con fluoruro y arsénico, se informó ayer en el coloquio Agua subterránea en México, realizado en la Cámara de Diputados.

Expertos y representantes de las comunidades explicaron que los pozos para riego y consumo humano contienen agua potable hasta determinada profundidad, pero cuando se perfora más, el líquido se contamina con esos elementos.

La gente bebe veneno. ¿Y quiénes son? Los más amolados y marginados: los campesinos. Es un problema en todo el país, pero que se concentra en las comunidades rurales, al menos donde hay escasez y la fuente para obtener agua es del subsuelo, en el caso de que tengan pozos, explicó el sacerdote Juan Carlos Zesati Ibargüengoitia, de la Pastoral campesina de la diócesis de Celaya.

En la región que los productores denominan Cuenca de la Independencia, en el Bajío, el daño es para más de 40 mil personas y hay casos de niños con leucemia, retraso mental o insuficiencia renal terminal.

Estamos en una emergencia social, de salud y ecológica. Hay daños irreparables La gente está pagando con su vida. Debemos entender que el agua no es una mercancía, es un bien, alertó.

El sacerdote refirió que si bien cuando llegó a las comunidades asumió que las denuncias de la población podrían ser alarmistas, se pagó un análisis del agua, que confirmó lo que ya era un grito: Casi todos los pozos, todos, tenían ambos elementos; una de esas comunidades tenía ocho veces arriba de la norma para consumo humano, pero es la única que tenían como fuente disponible para beber. Y un solo pozo abastece a varias comunidades.

Contó que con los resultados y los testimonios en mano acudió a los presidentes municipales de la región, a la Conferencia Nacional de Gobernadores y al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. Muy ingenuo, la verdad, pero había que hacerlo, pero no pasó nada. Hay muchos intereses.

Zesati Ibargüengoitia explicó que como alternativa las poblaciones se dedicaron a recolectar agua de lluvia, aunque se trata de una zona semidesértica, práctica que habría sido imposible con la nueva ley de aguas que se pretendió aprobar en la legislatura pasada.

María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que la extracción de agua subterránea supera los niveles de recarga, y expuso que se carece de la dimensión del costo para el país, porque hay 260 regiones o sitios hidrológicos fuertemente contaminados.