El presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobado por la Cámara de Diputados para el próximo año quedó en 55 mil 770 millones de pesos, 12 mil millones de pesos menos que en 2015, cuando le asignaron 67 mil 976 millones de pesos.

Incluso la cifra es menor a lo que propuso el Ejecutivo en su iniciativa, en la cual planteó asignar 57 mil 490 millones de pesos, pero se aprobaron 2 mil millones de pesos menos.

Del presupuesto aprobado, 42 mil 400 millones de pesos, corresponden a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual es menor a lo que se le asignó en 2015.

Para este año inicialmente se destinaron 50 mil 563 millones de pesos, pero después el monto se redujo 2.66 por ciento, por lo que quedó en 44 mil 163 millones de pesos.

Ahora, con un presupuesto menor, el objetivo que señala el proyecto de decreto que aprobaron los diputados es continuar con el manejo responsable y sustentable del agua y asegurar a todos los mexicanos el derecho constitucional al acceso a este recurso.

Lo asignado, indica, es para fortalecer y apoyar las acciones de prevención, atención temprana y decisiones oportunas en materia hídrica.

El documento plantea que con el fin de impulsar la cultura del pago por suministro de agua en bloque en distritos de riego, se devolverá a los que estén al corriente en sus pagos un importe equivalente a las cuotas que se generen, 65 por ciento se destinará a conservación y mantenimiento de canales.

Aun con la reducción, el documento plantea una ampliación de 80 millones de pesos para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que se destinarán a estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución a la problemática pluvial de la zona metropolitana de Guadalajara.

Con este recorte presupuestal a la Semarnat, sin considerar a la Conagua, le quedan 13 mil 370 millones que se distribuyen entre la secretaría y sus organismos desconcentrados: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad.