Sólo con la aprobación de una nueva ley en torno al Sistema Nacional Anticorrupción se podrán definir los alcances y límites del denominado conflicto de intereses, aseguró el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien reconoció que la actual administración ya ha instrumentado acciones –como la obligación de que servidores públicos presenten la declaración al respecto– para avanzar en la delimitación del tema.

El secretario aseguró que el Poder Legislativo debe fijarse el objetivo de acotar el conflicto de intereses “para efecto de que situaciones aparentes o controvertidas tengan un carácter legal. De lo que se trata –dijo el funcionario– es de evitar siempre que las relaciones personales incidan en las decisiones de gobierno”.

Añadió que hasta ahora, en todos los casos en los que ha existido presunción sobre posibles conflictos de intereses en el desempeño de servidores públicos, se han resuelto conforme a la ley vigente. Indicó que cualquier aspecto que se perciba diferente necesitaría de una reforma de ley para abordarlo de otra manera.

Andrade también se refirió al acuerdo de colaboración en la materia que México firmó con Francia y cuyo objetivo es buscar, en temas de preocupación común como la transparencia y corrupción, cuáles son las mejores prácticas e instituciones para lograr reglas que permitan avanzar hacia un funcionamiento en términos de gobierno abierto.

–¿Ya es transparente el gobierno mexicano o aún le falta?

–El gobierno mexicano ha tenido avances relevantes que todos podemos constatar en materia de transparencia, y precisamente la reforma que se vivió en esta materia en los dos años anteriores, y lo que se sigue construyendo en el Congreso, con un órgano autónomo que la garantiza, hará que se tengan más avances.