A casi un año del desalojo violento del Zócalo capitalino por elementos policiacos, al término de una de las marchas más numerosas de apoyo a los padres de familia y estudiantes de Ayotzinapa, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la del Distrito Federal (CDHDF) se han manifestado sobre esos ‘‘hechos de represión’’ ocurridos la noche del 20 de noviembre de 2014, pese a las múltiples denuncias recibidas por ambos organismos.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, y Jesús González Alcántara, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quienes también fueron víctimas, junto con sus respectivas familias, de la ‘‘represión policiaca’’ de aquella noche, denunciaron que no hay intención de que estas instancias –o alguna otra de procuración de justicia– se manifiesten sobre los hechos a casi un año de haberse cometido.

‘‘En realidad, lo ocurrido forma parte de un periodo de represión masiva, sistemática y planificada, con detenciones arbitrarias y desproporcionadas, con clara intención de frenar las manifestaciones y la protesta social’’, afirmó Pérez García.

Ambos defensores de derechos humanos relataron el encuentro que el pasado 4 de septiembre sostuvieron con el primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, y su personal, con el objetivo de conocer los avances de las investigaciones. ‘‘Nos quedamos sorprendidos, porque después de todo este tiempo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tenían absolutamente nada, y francamente nos dijeron que no había para cuándo’’, declaró Jesús González.

Además, dijo que en la queja CNDH/1/2015/7739/Q se denunció la ‘‘actitud negligente’’ asumida por el personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que ese día fue asignado a observar la manifestación. Relató que frente al Hemiciclo a Juárez, tras la ‘‘agresión’’ de los elementos policiacos, solicitó infructuosamente, junto con su esposa Mireya del Pino y su hija Nahui, la ayuda del personal de la comisión capitalina, pero sus enviados asumieron una actitud ‘‘negligente y de desinterés’’.

González Alcántara informó que su denuncia fue interpuesta en la CNDH el 21 de noviembre del año pasado, ante Francisco Núñez Sánchez, subdirector de la primera visitaduría, y ratificada dos semanas después.

En tanto, Pérez García no sólo presentó su denuncia ante la CNDH, sino lo hizo también ante la comisión capitalina, pues en el operativo y las ‘‘agresiones’’ participaron elementos tanto de la Policía Federal como del Distrito Fedaral. Y aunque las quejas fueron ratificadas en tiempo y forma, pidiendo que también se investigara la cadena de mando para identificar quién dio la orden de ‘‘reprimir’’ la movilización social, el resultado ha sido ‘‘un silencio que es cómplice de la represión de los cuerpos policiacos’’.

Pérez García, quien sufrió la ‘‘agresión’’ documentada junto con su madre, su esposa y dos de sus hijos menores de edad, recordó incluso que Perla Gómez, titular de la CDHDF, declaró que el saldo de la movilización había sido blanco, cuando las evidencias demostraban lo contrario.