l Estado mexicano firmó un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual admitió su responsabilidad en los asesinatos de tres indígenas tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cometidos el 7 enero de 1994, en el ejido Morelia, municipio de Altamirano, Chiapas.

En el informe de admisión, dos meses después de la firma de los acuerdos de San Andrés (número 25/96), la CIDH transcribió el relato de los peticionarios: El día 7 de enero de 1994, agentes del Ejército Mexicano penetraron violentamente en la comunidad indígena de Morelia, municipio de Altamirano, Chiapas, irrumpiendo en las casas, sacando a los hombres a golpes y culatazos, reuniéndolos en la iglesia y en la cancha de basquetbol del ejido y, en ese lugar, los obligaron a tirarse en el suelo con la cara contra el cemento. Mientras los tenían en esas condiciones, los soldados se dedicaron a saquear las casas y las tiendas del poblado y a destruir la clínica de atención médica. Tres de los habitantes, Severiano y Hermelindo Santiz López y Sebastián Santiz Gómez, fueron sacados del grupo de acuerdo con una lista que tenía un capitán del Ejército y trasladados a la sacristía de la iglesia, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar. El 11 de febrero de 1994, fueron encontrados los restos de los tres indígenas en el camino que une Altamirano con Morelia.

Dos años después la CIDH emitió el informe final (48/97) en el cual recomendó al Estado mexicano que realice una investigación rápida, imparcial y efectiva con miras a ejercer las acciones penales correspondientes; reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. La lectura de los informes referidos permite constatar el consuetudinario doble discurso del Estado y contrastarlo con los compromisos que en ese tiempo asumió frente al EZLN. En primer lugar destaca la activa defensa del Estado con el respaldo del Ejército, para pretender negar los hechos y señalar que fueron al ejido Morelia el 6 de enero no el 7 y detuvieron a tres decenas de implicados con el zapatismo que entregaron al Ministerio Público. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en su comunicado número 30, del 14 de febrero de 1994, sostuvo que: aclararon suficientemente que los tres individuos, hasta el momento desaparecidos, nunca fueron detenidos por personal militar, dado que el día 7 de enero no había presencia militar en el ejido. Respecto a los tres tzeltales el Estado se atrevió a negar su existencia dado que no se encontraron sus actas de nacimiento ni de defunción. La CIDH señaló que el argumento no es del todo sostenible, cuando se analiza el contexto socioeconómico de la zona en la cual ocurrieron los hechos, se entiende el porqué en muchos casos el registro de nacimientos y defunciones es una realidad ilusoria poco factible de cumplir. También se encuentra que en septiembre de 1994, el subprocurador del estado manifestó que no se podía continuar con la investigación debido a que no era factible penetrar al lugar de los hechos, ya que el Ejército no lo permitía por tratarse de una zona de conflicto.

Nos preguntamos: ¿qué significó que el gobierno decretara un cese unilateral al fuego el 12 de enero de 1994? Las evidencias de las anomalías derivadas de averiguaciones simultáneas en los órdenes civil y militar se encuentran patentes, pues las primeras no concluyeron y la segunda se exculpó: Con fecha 9 de noviembre de 1995, al no contarse con elementos probatorios que demostraran la existencia de los elementos del tipo de algún ilícito castrense, ni la probable responsabilidad de personal militar en la comisión de delito alguno, el agente ministerial del fuero castrense determinó que los hechos que originaron la citada indagatoria no eran constitutivos de delito, decretando en consecuencia el archivo con las reservas de ley. Sí, en plena realización del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, 17 años después de la petición de investigación ésta no existe. El pasado 10 de noviembre se efectuó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la ceremonia de reconocimiento de la responsabilidad oficial sin la presencia del Ejército, principal implicado. Asistieron las viudas: Patrona López Santiz y Paulina Domínguez Gómez. Carmen López Santiz no asistió por encontrarse enferma. La primera señaló: Ese es el dolor más profundo que siento, la rabia y la impotencia que tengo. No entiendo por qué el personal del Ejército como que no son hijos de Dios, son unos diablos por la forma en que actuaron, y se pacta que construirán un parque en el ejido Morelia, que tendrá una placa conmemorativa en memoria de los tzeltales torturados y asesinados, se rehabilitarán escuelas y se otorgarán becas. Las indemnizaciones serán conforme a los estándares internacionales y se entregarán en un plazo no mayor a tres semanas. Que poca… justicia.