La situación económica ha generado que se incremente en 9 por ciento el número de demandas ingresadas este año en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), debido al cierre de empresas, la terminación de la relación laboral o despidos injustificados, resolviéndose 75 por ciento de los casos en favor del trabajador, informó Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta del organismo laboral.

Diariamente, un promedio de 5 mil personas acuden a las instalaciones de la junta ubicadas en Doctor Río de la Loza 68 en busca de asesoría, orientación o para ingresar una demanda, las cuales suman 30 mil al año, cuya resolución, reconoce, es tardada por la gran carga de trabajo y rezago histórico que hay.

Se tienen 90 mil asuntos que datan de 2002 a la fecha, aunque hay uno de 1999 que no se ha podido solucionar, por la continua interposición de amparos, lo cual ya no sucederá, porque ahora existe un límite en cuanto a salarios caídos y una depuración de expedientes, lo que que ha permitido reducir ese número.

Además, disminuyó 28.7 por ciento el número de contratos colectivos de trabajo, de 77 mil a 55 mil, como parte de las acciones para acabar con los contratos de protección, negros y de simulación entre empresas y seudo-sindicatos sin el conocimiento de los trabajadores, señaló.

La funcionaria explicó en entrevista con este diario, con motivo de su tercer informe de labores, que desde hace décadas dichas prácticas generan, entre otros vicios, los llamados emplazamientos a huelga por extorsión y demandas acumuladas por varios sindicatos peleando un mismo contrato.

Sólo este año se recibieron mil 649 emplazamientos a huelga, pero en 52 por ciento, es decir, 879, los sindicatos emplazantes se desistieron; mientras que de las 302 demandas por titularidad de un contrato colectivo se desistieron 191 querellantes y sólo se llevaron a cabo 24 recuentos, detalló.

Derechos garantizados

Asimismo, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, destacó, se ha garantizado el acceso de los trabajadores a las instalaciones de la junta para que emitan su voto libre y secreto en un recuento. En el caso del Instituto de Vivienda y la empresa Atento se llevaron las urnas a los centros de trabajo, mientras en el de la gasolinera Acoxpa se desahogó aquí en la JLCA.

Los filtros instalados en los accesos han impedido, asimismo, el paso de los denominados coyotes y canalizado a los interesados ante el personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que los orienta y asesora en sus casos, garantizándoles el acceso a la justicia, comentó.

Margarita Darlene Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien hoy rinde su tercer informe de actividades, reconoció que la resolución de las demandas laborales es tardada por la gran carga de trabajo y el rezago histórico que se tieneFoto Luis Humberto González

Puntualizó que aumentó 11 por ciento la resolución de juicios, con 38 mil 563, y recuperó 3 mil 700 millones de pesos para los trabajadores, aunque en promedio 30 mil ingresan anualmente, con lo que salimos tablas, pero vamos haciendo más expedita su resolución con la depuración y sistematización de los expedientes y la firma de convenios fuera de juicio con las empresas.

La cifra de esos juicios aumentó 7 por ciento, es decir, a 28 mil 852, porque las empresas son cada vez más conscientes y responsables para finiquitar sus relaciones de trabajo de forma legal y segura, aunque a octubre se tienen 100 mil 749 expedientes en trámite, de los cuales 98 mil 756 son de índole individual y mil 723 colectiva, que serán atendidos por mil 100 personas que laboran en la JLCA.

Las juntas uno a 18 tienen la mayor parte de los juicios en trámite, con un total de 97 mil 678, es decir, alrededor de 5 mil 427, y resuelven mil 950 al año, que en casi 60 por ciento son demandas interpuestas por hombres. La resolución de un proceso lleva en promedio 3.6 años, estimó.

Labor de las juntas especiales

La apertura de las juntas especiales 19 y 20 para atender a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o población lésbico-gay, y para designar a beneficiarios de trabajadores fallecidos, detalló, redujo en 93.8 y 87 por ciento, respectivamente, los tiempos de resolución de los juicios, aunque su carga es menor, entre 100 a 130 casos mensuales.

Los juicios de amparo, sin embargo, crecieron 27 por ciento con respecto a los tramitados el año pasado, al sumar 11 mil, señaló la funcionaria, quien informó que se cuenta con el Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para reducir de cuatro a un mes los tiempos de respuesta que se requieran.

Además de homologar los procedimientos de trámites de expedientes y depurar los mismos, así como crear el Grupo Especial de Dictamen para reducir sustancialmente el rezago en la emisión de laudos de todos los asuntos que ya tienen cierre de instrucción.

Margarita Darlene Rojas Olvera puntualizó que para avanzar con mayor celeridad se requieren más recursos económicos y humanos, pues los 437 millones de pesos asignados –más de 92 por ciento se destina al pago de nómina– y los 660 abogados que se tienen son insuficientes para la carga de trabajo que enfrenta el tribunal laboral más grande del país.