A pesar de que autoridades laborales han negado reiteradamente su existencia de los sindicatos de protección, campean en el país, tanto en la pequeña como en la mediana y gran empresa, así como en la mayor parte de las compañías extranjeras instaladas. Incluso, los contratos colectivos con sindicatos fantasmas se hacen a la carta para las compañías que los solicitan; las autoridades los aprueban y les dan registro.

Alfonso Bouzas, abogado laboralista y catedrático, señala lo anterior en el análisis Los contratos de protección y el sindicalismo mexicano, en el que explica que las empresas pagan a los sindicatos de protección igualas o cifras mensuales que llegan hasta 30 por ciento de sus nóminas, costo que no es menor.

Esto, a cambio de tener tranquilidad laboral, es decir, para inhibir cualquier posible acción de huelga y garantizar contratos mínimos para los trabajadores. Sin embargo, las empresas no logran reducir los costos laborales, ya que tienen que pagar a los líderes de estos gremios, además de las igualas, un tanto anual por las supuestas revisiones contractuales y otro monto cada vez que el sindicato blanco vuelve a obtener su registro. Es una sangría constante, señala.

Bouzas expone que hay fuertes intereses económicos en esta práctica de protección. Asimismo, los líderes son intocados; entre ellos hace referencia a Ramón Gámez, detentor de la titularidad de cientos de gremios, junto con un grupo de abogados que trabajan para industrias y firmas comerciales y de servicios.

En el análisis detalla que algunas personas inventan su propio sindicato o que hay contratos de protección en diversas centrales; es decir, algunas ramas del Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, entre otras, operan este tipo de sindicalismo.

Asimismo, un documento del abogado Carlos de Buen Unna, Reconversión de los contratos colectivos de protección patronal, indica que la transparencia gremial que enarboló la reforma laboral quedó en el papel, pues sigue permeando el sindicalismo antidemocrático.

Este tipo de sindicalismo, dice, constituye la expresión más perniciosa de la práctica gremial mexicana y es una de las mayores lacras en el modelo de las relaciones laborales del país.

Añade que esta práctica se sostiene debido a que deja millonarios recursos a organizaciones sindicales. Continúa teniendo peso la posición de los empresarios, asevera, pues éstos siguen temerosos de tener que afrontar verdaderas negociaciones con gremios reales y representativos.

De Buen Unna señala que en la reforma laboral de 2012 hubo cambios en favor de transparentar el sindicalismo, los cuales, sin embargo, no se han cumplido. Por ejemplo, en el artículo 364 bis se ordena que en el registro de sindicatos se observen los principios de legalidad y transparencia; el 365 bis obliga a hacer pública la información de los registros; el 373 expone que las directivas tienen que rendir cuentas a la asamblea cada seis meses.

Sin embargo, esto no lo hace cumplir ninguna autoridad, por lo que a pesar de los avances, y jurisprudencias, los resultados de una mejor rendición de cuentas están muy lejos de ser una realidad.