l cabildo de Tijuana aprobó el sábado un aumento del ciento por ciento al impuesto del alumbrado público (IAP) que pagarán los ciudadanos cada bimestre en su recibo de la Comisión Federal de Electricidad. De 16 pesos subirá a 32, y servirá para financiar un programa emergente de compra de luminarias, y remediar –se espera– el viejo problema de las calles oscuras.

La propuesta podría ser hasta cierto punto entendible si no fuera porque la administración priísta anterior de Carlos Bustamante pagó 144 millones 430 mil 517 pesos con 13 centavos a la empresa Sola Basic, precisamente por iluminar la ciudad. Ahora, el alcalde Jorge Astiazarán quiere lo mismo y como –dicen– que el municipio no tiene recursos, entonces hay que sacarlos de los bolsillos de los contribuyentes.

Además de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos para encubrir los desvíos de la pasada administración, el doctor Astiazarán permitió que su departamento jurídico dejara sin efecto cualquier sanción administrativa a quien incumplió con el contrato durante el trienio de Bustamante y a los funcionarios municipales que sirvieron de cómplices. Ahora, el gobierno quiere entregar también a una empresa privada el contrato para la compra e instalación de las luminarias. Vamos a ver de quién será el nuevo negocio.

Y como la economía de los ciudadanos –cuando menos de los que toman las decisiones– es muy boyante, también subirán el predial en Tijuana, mientras a los mexicalenses sus autoridades municipales les aplicarán un impuesto –derecho, le llaman– por instalar postes. En el colmo, el cabildo de la capital quería cobrar por cada certificado de no adeudo al canjear las placas. El tema de las placas y las licencias es una mina de oro para las administraciones, una licencia de conducir temporal (un año) cuesta 750 pesos.

Alguien se preguntará el por- qué de las quejas, si en este país ya hubo quien cobró un impuesto por cada una de las ventanas de las casas...