El programa Frontera Sur ha fortalecido el control migratorio pero ello no ha significado un cambio acerca de las violaciones contra los derechos humanos y el acceso a la justicia para los migrantes, advierten nueve organizaciones civiles, vinculadas al tema y a la atención a extranjeros en México.

Por ejemplo, la fiscalía especializada para migrantes de Oaxaca recibió el año pasado 123 denuncias de presuntas agresiones a extranjeros; el total de estos casos derivó en la apertura de 19 averiguaciones previas y en sólo una sentencia.

Por parte de los organismos de defensa de los derechos humanos tampoco hay un avance sustantivo en la materia. De diciembre de 2012 al 15 de junio de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 617 quejas, de asuntos de migrantes, de las cuales sólo emitió cuatro recomendaciones por abusos de funcionarios.

El miércoles será presentado en la ciudad de México el informe Un camino incierto: justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México. Allí se exponen los datos anteriores.

La investigación fue elaborada por nueve organizaciones: Washington Office on Latin American (WOLA), la Casa del Migrante de Saltillo; albergue Hermanos en el Camino; La 72 Hogar-Refugio para Migrantes; la Red Sonora; Iniciativa Kino para la Frontera; Centro de Recursos para Migrantes; Ccamyn, Un Mundo una Nación y Fundar-Centro de Análisis e Investigación.

En el texto se aborda la situación de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en México y los obstáculos en el acceso a la justicia; se emiten recomendaciones a los gobiernos de México y de Estados Unidos.

De enero a octubre de este año, la cifra de migrantes presentados ante la autoridad está cerca de 160 mil y, de acuerdo con funcionarios del sector, al final de 2015 podría llegar a 200 mil, el nivel más alto desde 2006.

Tan sólo de enero a septiembre de 2015, 145 mil 582 extranjeros fueron registrados en estaciones migratorias; la mayoría (132 mil 802 son centroamericanos), aunque también hay un aumento significativo de cubanos, indican las cifras de la Secretaría de Gobernación.

La devolución es mayoritaria y, como práctica común, expedita. En el mismo periodo (enero-septiembre) fueron repatriados poco más de 80 por ciento (121 mil 260), de los cuales 118 mil 501 son centroamericanos, el sector con el porcentaje más alto de devolución.

Jose Knippen, investigadora de Fundar, confirmó que el incremento de la violencia en la región es una de las causas del aumento del flujo migratorio; al mismo tiempo, se registran procesos acelerados de detención y repatriación, lo cual es un obstáculo para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Por añadidura, continúan las agresiones físicas y sicológicas contra los migrantes, las cuales toman forma mediante robos, asaltos, extorsiones (principalmente de policías), secuestros, trata, violencia sexual y homicidios.

Pese a los discursos de funcionarios acerca de la protección a derechos humanos, persiste la violación a los mismos. Si para un mexicano es difícil acceder a la justicia, para un migrante es mucho más complicado, expuso a La Jornada.

Los casos de transgresiones a las garantías básicas de los extranjeros en situación migratoria irregular fueron documentadas por investigadores, así como por los responsables de casas de atención directa a migrantes.

Hay suficientes testimonios e informes que confirman el incremento de robos, extorsiones, asaltos con violencia, así como otros delitos más graves, como secuestro y homicidio. Las casas que colaboraron en documentar el informe son del sur, centro y norte del país. La conclusión es que la política hacia los migrantes, aunque esté llena de lenguaje de derechos humanos, las agresiones persisten y no funciona el acceso a la justicia, señaló Knippen.