Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y padres de los 43 normalistas desaparecidos marcharon ayer de Tixtla a Chilpancingo, en rechazo a la represión que el miércoles sufrieron sus compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la carretera que une esos dos municipios del estado de Guerrero.

Los manifestantes recorrieron más de 14 kilómetros hasta Chilpancingo, donde se sumaron contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, encabezados por Ramos Reyes Guerrero.

Al pasar cerca del punto El Molinito, los esperaban alrededor de 150 policías estatales, que tras demorarlos, permitieron el paso. Lo mismo ocurrió en la entrada a la capital guerrerense, donde decenas de elementos federales instalados en un punto de revisión también se replegaron.

Los estudiantes demandaron castigo a los policías antimotines que agredieron a los estudiantes, ocho de los cuales permanecen hospitalizados de gravedad, cuatro con fracturas en cara, pies y brazos. Posteriormente, los participantes en la protesta regresaron sin contratiempos a las instalaciones de Ayotzinapa.

Durante el trayecto, el vocero de los padres de los desaparecios, Felipe de la Cruz, acusó de represor al gobernador Héctor Astudillo Flores. Es más de lo mismo, que Ángel Aguirre y Rogelio Ortega. Sabemos que las cosas de ninguna manera iban a cambiar, ya lo comprobamos este miércoles, ya que nos mandó a sus policías para agredir a nuestros estudiantes.

Se equivoca Astudillo si piensa que con la represión vamos a dejar de luchar por la presentación de los 43 desaparecidos; vamos a continuar hasta que los encontremos.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, demandó al presidente Enrique Peña Nieto que nombre al nuevo equipo técnico que va a realizar las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Debido a que la Procuraduría General de la República no ha designado al nuevo equipo técnico, explicó, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandonaron el país la semana pasada.

Hay riesgo de que se rompa el proceso de la investigación, así como los compromisos contraídos en Washington entre el gobierno mexicano y el grupo de expertos de la CIDH para reiniciar las investigaciones, sostuvo.