Ofensiva
a persecución, detención, golpizas y vejaciones contra los normalistas de Ayotzinapa el pasado 11 de noviembre no deben leerse como caso aislado de represión contra estudiantes que secuestraron
autobuses y una pipa, sino como el inicio de una ofensiva encaminada al desprestigio, criminalización y aniquilamiento de un movimiento encabezado por familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala hace más de 13 meses.
Detener las movilizaciones; poner punto final a la búsqueda; que los padres inicien un duelo y desaparezcan de una vez por todas las 16 normales rurales del país sobrevivientes de la embestida; que los organismos de derechos humanos dejen de denunciar, que se apague la protesta internacional, son la prioridad de un gobierno que con base en torpezas se ha empeñado en imponer una versión descalificada científicamente. Lo único cierto es que casi 14 meses después no se sabe qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos.
Las movilizaciones y las tomas de autobuses no son nuevas en las normales, y Ayotzinapa no es la excepción. Emprender ahora una campaña de linchamiento contra esas prácticas forzadas por las paupérrimas condiciones en que se desenvuelve el estudiantado es llevar todo a una violencia aún mayor, y de consecuencias no necesariamente previstas. Precisamente el 14 de noviembre de hace ocho años el gobierno de Guerrero, encabezado entonces por Zeferino Torreblanca, desalojó a los normalistas rurales que protestaban en el Congreso contra la decisión de suprimir la licenciatura en educación primaria. Desde entonces cada año los estudiantes se movilizan para repudiar la represión, y por eso se preparaban para movilizarse este sábado.
Los gobiernos federal y estatal prevén que con actos represivos y campañas de desprestigio terminarán con un movimiento que desde el inicio no sólo pertenece a los normalistas y a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Si bien la movilización nacional no es la misma de hace un año, en Guerrero la llama está viva. Para familiares y compañeros no es una moda, por lo que aunque las buenas conciencias se espanten del modus operandi, visible para quienes desde el inicio quisieron verlo, continuarán buscando a sus compañeros y enfrentando a un Estado que los trata como revoltosos y delincuentes. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan reporta tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los futuros maestros. Ellos hoy volverán a salir a las calles. Los agravios históricos no se terminan con detenciones, palizas y gases lacrimógenos.
