El gasto social planteado en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 prioriza los programas asistencialistas, como Prospera, Diconsa y Liconsa, en contra del impulso de acciones productivas y de atención a grupos vulnerables, señala el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

Sólo entre 1984 y 2014 el gobierno destinó alrededor de 210 mil millones de dólares a programas sociales para reducir la pobreza. Cada año se asignan unos 80 mil millones de pesos, según cálculos de Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional. En 2015 se asignaron alrededor de 110 mil millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Sin embargo, en 1992, cuando se comenzó a medir la pobreza por ingresos y se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, el porcentaje de población en pobreza patrimonial era de 53.1 y el de pobreza alimentaria se encontraba en 21.4. Esto no ha variado, ya que actualmente la relación es de 53.2 y 20.6 por ciento, respectivamente.

Paola Contreras, investigadora del Observatorio, señaló que en un análisis del gasto social destinado a la Sedesol y a las secretarías de Salud (Ssa), Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Energía y del Trabajo se encontró que se compactaron programas, sobre todo los destinados a grupos vulnerables.

Ahora, explicó, con la llamada política social de nueva generación se planteó que se pondría más énfasis en proyectos productivos, pero la distribución del presupuesto es igual a la de 2014 y 2015: se concentra en Sedesol, Ssa y la Secretaría de Educación Pública, y se destina menos a rubros productivos.

Indicó que la iniciativa del PEF tomó en cuenta el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2016, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el cual se consideran ligeramente prioritarios programas productivos, como los de fomento a la actividad pesquera y acuícola, a la agricultura, ganadera, de equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral, o el programa de apoyo al empleo, pero sí señala que son fuertemente prioritarios los asistenciales, como Prospera, Diconsa, Liconsa y los comedores comunitarios.

Consideró que debería revisarse el hecho de que programas destinados grupos en situación de vulnerabilidad, como los de mujeres y jóvenes, se califican de ligeramente prioritarios, y se tome en cuenta que en esos grupos están más concentradas la pobreza y las carencias.