Cancún, QR.

Héctor Casique Fernández fue torturado en la cárcel de Benito Juárez, donde está Cancún. Arturo Olivares Mendiola, en ese entonces titular de la secretaría de seguridad pública municipal, saltaba sobre su estómago mientras otros policías le ponían una bolsa de plástico en la cabeza. Ahora el reo padece insuficiencia renal, pérdida de función intestinal e hipoxia (déficit de oxígeno en el organismo).

Además perdió la visión del ojo izquierdo, se le desprendió la membrana del oído del mismo lado, tiene costillas rotas y su hombro y rodilla derecha están lesionados. Ha desarrollado diabetes y problemas del corazón y vive con dolor porque Olivares le fracturó el cráneo con la cacha de una pistola.

Casique Fernández, quien lleva casi 32 meses en prisión, fue detenido sin orden de aprehensión el 16 de marzo de 2013, acusado de ordenar el asesinato de siete personas en el bar La Sirenita, por instrucciones del cártel del Golfo. El 10 de marzo de 2014 el juzgado primero le otorgó la libertad por falta de elementos, pero fue reacapturado antes de abandonar la prisión, nuevamente sin orden judicial.

Yaskade Fernández, madre de Héctor, informó que la reaprehensión se basó en las mismas acusaciones que originaron su detención. Los cuatro testigos que presentó el fiscal para aprehenderlo afirmaron que fueron torturados para involucrarlo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado solicitó poner a disposición de las autoridades a 36 mandos y oficiales involucrados en las agresiones.

De acuerdo con el expediente SCA/P/75/2015, la sala constitucional y administrativa del Tribunal Superior de Justicia acusó a los 36 funcionarios de abuso de autoridad y tortura, y pidió al procurador general de Justicia del estado que ordene ejercitar acción penal.

Veintiséis de los involucrados solicitaron un amparo contra la medida cautelar, pero el juzgado se lo negó a 11 agentes judiciales y del Ministerio Público, así como a Olivares Mendiola, ex titular de seguridad pública en Benito Juárez.

Los acusados interpusieron un recurso de revisión y hace unos días el juez sexto de distrito con sede en Chetumal se los negó, por lo cual enfrentarán acción penal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino en el caso y activó por primera vez en Quintana Roo el Protocolo de Estambul. En junio de 2015 la Procuraduría General de la República lo aplicó por segunda ocasión.

Yaskade Fernández denunció que durante los 31 meses de juicio ambos han sido intimidados y responsabilizó al gobernador Roberto Borge Angulo de lo que pueda sucederle a ella o a su familia.