El gasto de bolsillo en los hogares afiliados al Seguro Popular se redujo 12.04 por ciento en los pasados ocho años, lo cual es positivo, aunque al esquema todavía le falta garantizar la calidad de los servicios, en particular los sistemas de referencia de pacientes y el seguimiento a la atención que reciben en centros de salud y hospitales adonde son enviados, según un análisis realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Advierte que entre los retos que enfrenta el Seguro Popular todavía está aumentar la cantidad de unidades médicas con infraestructura y recursos humanos necesarios, pues a casi 12 años de su puesta en operación sigue pendiente la acreditación de 40 por ciento de los establecimientos donde podrían ser atendidos los afiliados.

El informe sobre el desempeño del Seguro Popular durante el periodo 2014-2015 señala que entre los asuntos por resolver está contar con procedimientos para conciliar el padrón de beneficiarios con los de las instituciones de seguridad social, a fin de evitar duplicidades en la inversión en salud.

Datos extraoficiales indican que hasta ahora se ha identificado que 9 millones de afiliados del Seguro Popular son al mismo tiempo derechohabientes de otras instituciones. Y es una cifra todavía no definitiva.

En cuanto a la acreditación de unidades médicas, el Coneval señala que esta tarea debe ser prioridad del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y refiere que entre enero y diciembre de 2014 aprobaron este proceso 11 mil 583 establecimientos de un total de 19 mil 769 inscritos. Además están acreditados 917 servicios y áreas de especialidad de nosocomios y 327 unidades prestadoras de servicio en los 32 estados de la República, con el fin de ofrecer a los afiliados la atención de enfermedades de alto costo cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

El informe menciona que hasta diciembre de 2014 estaban afiliados al Seguro Popular 57.3 millones de individuos, casi la mitad de la población nacional. Resalta que casi la mitad de los inscritos vive en siete entidades: estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal.

A esos estados llega 56 por ciento de los recursos transferidos desde la Federación para la operación del esquema de aseguramiento. El documento también resalta que se trata de una afiliación voluntaria que ya arroja resultados como el de la reducción en 12.04 por ciento del gasto que hacen las familias para atender sus enfermedades.

Las cifras representan otro reto para el SPSS, porque deberá contar con los incentivos para mantener la afiliación, así como diseñar indicadores de gestión y resultados que permitan medir el acceso y calidad de los servicios otorgados.

De igual forma deberá fortalecer la red de prestadores de servicios en los tres niveles de atención. El informe advierte que merece especial énfasis asegurar la tutela de los derechos de los asegurados, a fin de que conozcan el paquete de servicios e intervenciones a los que pueden tener acceso.

Coneval añade que dadas las reformas a la ley y el reglamento de operación del Seguro Popular, en vigor a partir de este año, habrá de mejorar la aplicación y control de los recursos económicos, en particular en lo referente al gasto de medicamentos.

Este ha sido uno de los principales problemas que ha enfrentado el sistema, por el desvío de dinero y la falta de mecanismos de vigilancia y supervisión sobre los costos que pagan las entidades por las medicinas.