a siguiente batalla política se dará en la Cámara de Diputados para definir la manera en que el Estado mexicano gastará el año entrante el dinero público. En una situación económica y financiera crítica, el gobierno de Enrique Peña Nieto presenta un Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 que descansa en una visión restrictiva, con recortes de partidas en rubros estratégicos, incremento del gasto corriente y freno a la inversión pública productiva.

Además de la necesaria discusión profunda respecto del destino que se dará a los fondos públicos, sería conveniente que en tal situación de estrechez hubiera mensajes claros de combate a la corrupción, que constituye una permanente y muy significativa sangría de la riqueza nacional. No hay tales signos de esfuerzo en la corrección de conductas delictivas de funcionarios y políticos, quienes se quedan con tajadas del presupuesto nacional. Por el contrario, se vive una exhibición descarada de maniobras de altísimo nivel (OHL y el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el gobierno del estado de México, con Eruviel Ávila al frente y Apolinar Mena como corruptor secretario técnico del gabinete, por dar un ejemplo concreto) que de manera sistemática benefician a la República de los Cuates a través del consabido sistema de diezmos y transferencias electrónicas o personales.

La defensa de los intereses nacionales no tiene, ni en ésta ni en otras batallas cruciales, una vertebración suficiente ni eficaz, apenas discursiva, simbólica en el mejor de los casos. Los partidos políticos representados en San Lázaro son partícipes históricos de los mecanismos de repartición de prebendas para la aprobación de los planes generales del máximo poder en turno. El PRI y el PVEM son, de manera natural, solidarios defensores acríticos de las propuestas de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Luis Videgaray en esta administración. A la fuerza numérica privérdica suelen sumarse el PAN, partido que en sus mejores épocas proclamaba gran apego a la honestidad y la decencia, ahora sumido en los episodios de los moches, y el PRD, que también se esfuerza por conseguir a sus gobernadores, delegados y clase dirigente algunas bolsas presupuestales susceptibles de rasuramiento.

Los demás partidos apenas cuentan y la novedad de la temporada, Morena, tiene una bancada pequeña que, sin embargo, resulta la más combativa (por convicción o por circunstancias, pues casi no tiene intereses empoderados a los cuales defender), aunque todo vaya a quedar en escarceos de tipo parlamentario, sobre todo ahora que la vocería priísta ha anunciado que tratará de compactar los temas sometidos a reserva en el proceso legislativo, para que en paquete sean conocidos y votados, de tal manera que, según dijo el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, si un solo diputado hizo 25 reservas, no va a subir 25 veces a hacer uso de la voz en la tribuna, sino que los temas se irán compactando.

De tal manera que hasta ese tradicional derecho del pataleo será recortado en esta ocasión. Cierto es que la sesión de los diputados para aprobar el plan Videgaray se llevará su tiempo, pero a final de cuentas el resultado será el que definan por mero peso numérico las bancadas aliadas, con las impugnaciones, protestas y demás escenografía tradicional.

Con unos cuantos movimientos de mano (los necesarios para estampar su firma en la propuesta para nuevo presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi), Enrique Peña Nieto podrá conseguir que aumente porcentualmente el reporte oficial de crecimiento económico del país.

Arturo Fernández, actual rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM, también en vías de ser premiado con la medalla Belisario Domínguez en la persona del empresario Alberto Bailleres), es una de las cartas que con más fuerza se mencionan como posible propuesta de Peña Nieto para relevar al foxista Eduardo Sojo en la conducción del Inegi, a partir del primer día del próximo año. Ese instituto autónomo es regido por cinco miembros de una junta de gobierno que son nombrados por el Presidente de la República en turno, con la aprobación de la Cámara de Senadores. De ellos, uno funge como presidente y los otros cuatro como vicepresidentes.

Si Peña Nieto se decide a impulsar una pieza más de la escuela de pensamiento económico predominante en los gobiernos de las décadas recientes (de Miguel de la Madrid, en 1988, a la fecha, sea PRI o PAN el que gobierne), el todavía rector Fernández podrá poner en práctica lo que ya ha dicho respecto de una deficiente valoración, a la baja, del producto interno bruto conforme a los parámetros actuales. En agosto pasado planteó que en el Inegi no consideran adecuadamente el avance tecnológico, la inflexibilidad en la forma en que se mide la inflación y (...) elementos de algunas actividades, como las informales.

Por ello “quiero afirmar categóricamente que hemos subestimado estadísticamente de manera dramática el crecimiento económico. Y es por varias razones metodológicas, entre las que se incluyen que no tomamos en cuenta el cambio en la calidad de los artículos, no cambiamos con frecuencia la canasta del índice de precios (http://goo.gl/r50Dnz)”. Así que si EPN desea tener a partir del año próximo reportes de crecimiento económico por encima de los actuales, tan a la baja, bastará con unos cuantos movimientos de mano para firmar la propuesta en favor del mencionado rector del ITAM y sus nuevas formas, al alza, de medición.

Y, mientras Peña Nieto muestra su talante comprensivo, tolerante y moderno (oh, sí, ¿acaso alguien dudaba de todo esto?) al postular que él, en lo personal, no está en favor de una eventual legalización del consumo de mariguana pero acepta convocar a un debate amplio sobre el tema (tal como Estados Unidos desea), ¡hasta mañana, con Ecatepec como plaza electoral que Los Pinos exige al Vaticano que sea incluida en la visita del papa Francisco!

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