l Parlament (legislativo catalán) aprobó ayer por apretado margen el inicio de un proceso de desconexión de España que, idealmente, debería desembocar en una Cataluña independiente y republicana. Los puntos centrales de ese proceso son el exhorto a la Generalitat –gobierno autonómico– a cumplir únicamente las leyes que emanen del propio Parlament y el desconocimiento de las instituciones de Madrid, empezando por el Tribunal Constitucional (TC). La resolución aprobada estipula que en 30 días debe iniciarse un proceso legislativo orientado a realizar un congreso constituyente y de separación de las dependencias locales de Hacienda y Seguridad Social de sus correspondientes españolas.

El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció de inmediato que iniciará hoy mismo los trámites jurídicos necesarios para que el TC anule la decisión del Parlament, fallo que se da por hecho y que en caso de ser desacatado abriría la puerta a juicios de inhabilitación contra los legisladores y funcionarios catalanes que desobedezcan a esa instancia.

Aunque avanzada y encomiable en sus postulados sociales, en términos políticos la declaración independentista no cuenta con un respaldo contundente, ni siquiera entre los catalanes. Los dos partidos que la impulsan, la coalición independentista Junts pel Sí, del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la izquierdista Candidatura d’Unitat Popular (CUP), no lograron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales (se quedaron en 48 por ciento) y su mayoría legislativa es frágil, lo que se expresó en lo apretado de la votación: 72 sufragios en favor y 63 en contra.

El Partido Popular, el Socialista y Ciudadanos rechazaron la declaración, al igual que la expresión local en la que participa Podemos, Catalunya sí que es Pot, la cual, sin embargo, no rechaza del todo la perspectiva de una secesión. Para colmo, la CUP se ha negado de modo reiterado a otorgar su voto para investir a Mas para un nuevo periodo al frente de la Generalitat, lo que crea una tensión difícilmente controlable en el bando de los independentistas. Por ello, el camino de la secesión es incierto, tanto si Mas logra permanecer como presidente o, peor aun, como si se ve obligado a realizar elecciones anticipadas.

El bando españolista, por su parte, no se encuentra tampoco en buena posición para librar la batalla contra la independencia de Cataluña, pues el país está en vísperas de un proceso electoral. Si bien Rajoy logró el respaldo del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos para frenar el proceso separatista iniciado ayer en Barcelona, el contexto de las campañas políticas, en el que las diferencias partidistas se agudizan y exacerban de manera natural, no es el mejor para mantener unido al frente anti independentista.

Los destinos de Cataluña y de España se encuentran, por consiguiente, en el aire, y los acontecimientos de los próximos días serán de seguro muy dinámicos. Lo que queda claro, por lo pronto, es que a la clase política española se le agotó el tiempo para renovar una institucionalidad del todo disfuncional y que hoy la Constitución de 1978 no da para más.