Cuernavaca, Mor.

María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Navarrete –secuestrado, asesinado y enterrado en una fosa clandestina junto con otros 149 cadáveres en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla–, denunció que la han amenazado para que retire sus denuncias contra el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, y el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, así como otros funcionarios estatales, a quienes acusa de encubrir a los responsables de la inhumación clandestina de su hijo.

En entrevista, aseguró que a su hermana Amelia se le han acercado desconocidos a exigirle que ya le bajemos, que retiremos la denuncia y dejemos todo así. Nosotros estamos haciendo público esto porque no queremos que otra gente pase el calvario que hemos pasado porque los de la FGE (Fiscalía General del Estado) no hacen su trabajo y porque a las autoridades, desde el gobernador (Graco Ramírez), el fiscal y los diputados parece que nos les interesa lo que estamos viviendo miles de familias de víctimas de la violencia y la inseguridad.

Ambas mujeres hicieron responsables al gobernador y al fiscal de lo que pueda ocurrirles a ellas, a integrantes de su familia y a otras madres con hijos desaparecidos en Morelos.

Hernández exigió al mandatario estatal que vea la realidad en que ha sumido a Morelos, que deje de estar soñando una entidad en donde no pasa nada, que reconozca los delitos que han cometido servidores públicos al inhumar cadáveres de manera irregular.

Ayer por la tarde, la mujer y otros familiares de víctimas acudieron al palacio de gobierno a recibir respuesta del gobernador a un oficio que le enviaron el 26 de marzo pasado, en el cual detallaron las irregularidades en que había incurrido la FGE en la zona oriente. La Secretaría de la Gubernatura sólo les informó que el oficio fue remitido a la fiscalía.

El pasado 5 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos demandó a la FGE que regrese a la fiscalía de la zona oriente el expediente CT-UIDD-A/586/2015, en el cual la madre de Oliver Navarrete acusa al titular de la FGE, Javier Pérez; al fiscal regional en la zona oriente, José Manuel Serrano Salmerón, y a subprocuradores de esa región de delitos contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, al igual que de anomalías al integrar la carpeta.