El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, dependiente de la Asamblea Legislativa (ALDF), investigan la existencia y validez de permisos para construir viviendas e instalar antenas de telecomunicación en el fraccionamiento Vista del Campo, en Santa Fe, donde se han registrado deslaves. Debido a estos percances, un grupo de vecinos presentó ayer una denuncia penal y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Se trata, precisó el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera, de determinar la situación legal en torno a la edificación de las torres desalojadas y de obras en proceso, así como de dos antenas instaladas en el sitio para actuar en consecuencia, en tanto se concluyen los estudios que realizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Secretaría de Protección Civil.

Los resultados determinarán las obras de mitigación o la condición de cada uno de los tramos del predio, aunque se supone que cuando se construyeron las torres alguna empresa realizó el estudio de mecánica de suelos para obtener las autorizaciones, las licencias, eso es lo que estará revisando la consejería y Protección Civil, precisó.

De estar en orden, dijo, podría decirse que hubo factores adicionales que lo complicaron y llevaron al desenlace del talud, y se revelará si las antenas tenían autorización, pues al parecer la que fue retirada, no; mientras, en el primer trimestre del próximo año se contará con un atlas digitalizado de riesgo, con una inversión de 40 millones de pesos.

El auditor superior de la ciudad de México, David Vega Vera, informó que están en coordinación con la Contraloría General del DF investigando el caso, y una vez que tenga su informe de resultados, se lo hará llegar para incorporarlo a su programa anual de auditorías, donde se retomarán las denuncias que surjan y “les pondremos focos rojos para que las áreas especializadas actúen”.

Al término de la instalación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ALDF, señaló que no pueden fincar responsabilidades, pero sí emitir dictámenes técnicos, que son la base para que la contraloría, la Procuraduría Fiscal o la instancia competente actúe en consecuencia.

La revisión de cómo se hicieron los contratos para la construcción de los inmuebles, el tipo de obra realizada, las quejas ciudadanas y los resultados de los estudios serán parte del caso, señaló el titular de la unidad técnica sustantiva de auditoría especializada y de asuntos jurídicos, Arturo Vázquez, quien dijo que una demolición de las torres dependerá de los resultados de los estudios.

Un grupo de vecinos afectados presentaron ayer una denuncia penal ante las procuradurías generales de la República y de Justicia del Distrito Federal; en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el titular de Protección Civil, Fausto Lugo, por ser omisos ante el riesgo que enfrentan los habitantes de los condominios y de haber permitido esas edificaciones.

El abogado penalista Juan Rivero, quien vivía en la Torre 1, señaló que además presentarán demandas civiles por daños morales y perjuicios, pues a pesar de que nada de esto tiene uso de suelo, el gobierno capitalino lo permitió.

Por ello, presentó también una querella ante la CDHDF, porque se violan sus derechos humanos, al no ser atendidos por las autoridades capitalinas para ofrecerles condiciones de seguridad.