El general de brigada Marco Antonio Barrón Ávila fue sentenciado a un año y ocho meses de prisión al encontrársele culpable de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, dado que la Procuraduría de Justicia Militar pudo demostrar que el ex comandante de las zonas militares de Colima y Puebla utilizó personal de tropa para remodelar su casa en Querétaro.

El juzgado cuarto de justicia castrense también condenó a Barrón Ávila a pagar una multa de 10 mil 685 pesos, además de que fue destituido del cargo e inhabilitado para desempeñar cualquier otro servicio o comisión pública.

El general apeló de la sentencia ante el Supremo Tribunal Militar, por lo que ahora no tendrá efecto otro ordenamiento de la sentencia que obliga a Barrón a internarse en el Campo Militar Número Uno para compurgar su castigo.

La Procuraduría General de Justicia Militar imputa a Barrón haber girado órdenes a tres soldados para que viajaran a Querétaro a hacer trabajos de reparación en su domicilio particular.

A Barrón le impusieron una sentencia condenatoria, pese a que algunos de los elementos que lo acusaron se retractaron de sus dichos y denunciaron que fueron intimidados.

El Código de Justicia Militar incluye un catálogo de penas para sancionar a los militares que incurran en actos ilícitos y ser enjuiciados mediante un régimen especial que desahogan jueces militares.

En el proceso contra el general Barrón destaca el hecho de que el subteniente de zapadores Julio César González Hernández se retractó de las acusaciones que inicialmente había hecho contra el militar.

En su primera declaración, González Hernández aseguró que el general Barrón les pidió llevarse un camión de volteo a su domicilio particular. Sin embargo, en otra comparecencia varios meses después, el subteniente admitió que fue acosado por fiscales de la Procuraduría Militar para declarar contra Barrón.

Otro de los testigos, el sargento primero de informática Leobardo Domínguez, declaró el 28 de agosto de 2014 ante el juez de la causa que había sido intimidado para entregar a la procuraduría militar unos informes con los que se inculparía al general Barrón.