Dos declaraciones uniformes, que no fueron acompañadas de otras pruebas, tienen en prisión desde el miércoles pasado al presidente y vocero del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, José Humbertus Pérez Espinoza. Esta asociación civil ha ganado un sinnúmero de amparos y litigios a dueños de inmobiliarias que operan en territorio mexiquense y otras entidades del país.

Se trata del dicho de una señora que habita una casa del fraccionamiento Urbi, en Tecámac, estado de México, y de la declaración de otra mujer que le ayuda con el aseo del inmueble, quienes denunciaron que Pérez Espinoza, en compañía de 200 personas, llegó el pasado 5 de octubre, a las 12 horas, a la puerta del domicilio de la denunciante, donde supuestamente amagó a la dueña con una pistola mientras sus acompañantes, con uso de violencia, sustrajeron una televisión y un radio.

Durante la audiencia de vinculación a proceso y de medidas cautelares, efectuada en la sala 3 del juzgado de control de garantías con sede en el penal de Chiconautla, estado de México, a cargo de la juez Norma Martínez Sánchez (La Jornada estuvo en la diligencia), comparecieron los fiscales del caso, Ema Rojas Jiménez y Armando García Jiménez, quienes informaron al activista detenido que las únicas pruebas en que se basó la orden de aprehensión en su contra son los testimonios de Dalia Hernández Morales y de Angélica Tamés Rangel, así como los dichos de tres vecinos de la supuesta víctima, quienes sólo mencionaron que vieron entrar una muchedumbre al domicilio.

Sin embargo, de la lectura que hizo Ema Rojas (de la fiscalía Tecámac-centro, de la Procuraduría General de Justicia del estado de México) se desprende que las acusadoras otorgaron una media filiación que no corresponde con la de Pérez Espinoza e hicieron declaraciones uniformes en contra del presidente del Frente Mexiquense.

Las acusadoras dijeron que el imputado es de tez morena, robusto y de cabello lacio, cuando en realidad Pérez Espinoza es delgado, de piel clara y cabello quebrado.

De su lado, los abogados del imputado y el propio Humbertus aseguraron a la juez de control –durante la diligencia, que fue pública– que aportarán pruebas que demuestran que el día y a la hora de los hechos el acusado estaba en otro lugar, lejano a la casa donde ocurrió el supuesto robo.

La juez Norma Martínez tiene hasta el miércoles próximo, a las 13 horas, para determinar la situación jurídica de Pérez Espinoza, ya sea con un auto de vinculación a proceso (que se conocía como formal prisión en el procedimiento penal tradicional) o con uno de libertad.

En caso de que quede sujeto a juicio, el líder de la ONG deberá permanecer en la cárcel y sin derecho a libertad provisional bajo fianza, debido a que el artículo 19 de la Constitución obliga a los jueces a aplicar la prisión preventiva de oficio cuando los delitos se cometan mediante medios violentos.