Organizaciones civiles internacionales visitarán México la próxima semana para entregar a autoridades y legisladores una investigación acerca de la crisis humanitaria que se vive en Centroamérica, especialmente en Honduras, y las repatriaciones que aplica nuestro país, sin análisis previo de los riesgos para cada persona.

Honduras, considerado actualmente uno de los países más violentos del mundo, tuvo en 2011 un pico de 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2014 la tasa bajó a 68. No obstante, son cifras muy altas a nivel mundial. Ese año México tuvo una tasa de 15.6 asesinatos intencionales.

Esa nación centroamericana tiene 8.5 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son pobres y, de estos, 4.2 millones están clasificados en situación de extrema pobreza, acorde con datos de ese país.

En 2014 fueron deportados casi 50 mil hondureños desde Estados Unidos y México. Este último contribuyó con la mayoría de las devoluciones: 41 mil 661, según estadísticas de la Secretaría de Gobernación (SG).

Project Counselling Service (PCS), como parte de una campaña por los derechos humanos de la población migrante en tránsito de Centroamérica a Estados Unidos, realizó en julio pasado una Misión Internacional de Verificación (MIV), cuyas conclusiones y recomendaciones serán presentadas el 10 de noviembre en el Senado de la República.

El PCS calcula que cada año entre 75 mil y 100 mil personas abandonan Honduras, muchas de ellas huyen de la violencia, aunque también migran por otras causas poco difundidas: desplazamientos forzados, pobreza que se manifiesta en corrupción, nulo respeto a derechos humanos y acoso de grupos criminales.

En 2014 los hondureños ocuparon el primer sitio en solicitudes de refugio al gobierno mexicano, pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, perteneciente a la SG, es una de las instancias con menor presupuesto de la dependencia; para 2016 se le han programado apenas 22.5 millones de pesos.

En 2014, de 127 mil 149 extranjeros presentados ante la autoridad mexicana, sólo 1.6 por ciento (2 mil 137 personas) llenó una solicitud de refugio, la mayoría de ellos, hondureños.

En el extenso documento que se entregará al Senado, la MIV recomienda a México ampliar el número de reconocimientos de solicitudes de la condición de refugiado frente a la crisis emergente del pueblo hondureño.

Igualmente, suspender el Programa Frontera Sur “por ser un plan que contradice el discurso de respeto y protección a los derechos humanos; lo único que ha hecho es securitizar la frontera y el país en detrimento de los derechos humanos de las y los migrantes”.

La MIV propone que las mujeres embarazadas y la infancia sean devueltas vía aerea; implementar políticas públicas para el respeto de las garantías de los migrantes, y que se les informe apropiadamente acerca de los derechos de refugio en México.

Mayra Alarcón, representante regional para Centroamérica y México del PCS, dijo que como resultado de la MIV, uno de los problemas más graves detectados en la región fue el retorno masivo de hondureños y las violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos en general ocurridas en territorio mexicano.

El PCS advirte de un aumento de migrantes, especialmente de mujeres y niños, que están huyendo de sus países, Honduras en particular, para proteger sus vidas.

Sin embargo, subrayó Alarcón, no están siendo tratados en México como potenciales candidatos al refugio; por el contrario, son devueltos a pesar de que exponen a las autoridades los riesgos que corren en sus países, incluso de perder la vida.

El Estado mexicano no está brindando la protección internacional (aun cuando) por razón de haber suscrito una serie de convenciones internacionales de derechos humanos estaría obligado a cumplir, dijo a La Jornada.