a Secretaría de Economía (SE) publicó ayer la versión en español del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP), documento firmado el 5 de octubre por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. El texto divulgado en la página de Internet de la SE contiene 30 apartados, entre los que se encuentran algunos que han causado polémica desde el inicio de las negociaciones del ATP, como Propiedad intelectual, Coherencia regulatoria
o Solución de diferencias.
Tal publicación se da después de más de cinco años de negociaciones, durante los cuales el texto del acuerdo se mantuvo en una deplorable opacidad incluso para los legisladores de las naciones involucradas, y sólo tuvieron acceso a él los representantes de las grandes corporaciones trasnacionales. Por ello, hasta el jueves pasado, cuando se dio a conocer la versión en inglés, los únicos fragmentos del texto del ATP conocidos por los ciudadanos de los países involucrados han sido los que Wikileaks ha proporcionado a diversos medios, entre ellos este diario.
Entre los documentos que Wikileaks salvó de este ocultamiento sistemático se encuentra el capítulo referido a Propiedad intelectual, cuyas cláusulas limitan la comercialización de medicamentos genéricos a petición de las firmas farmacéuticas poseedoras de las patentes, lo que en los hechos cancelaría el acceso a medicamentos de bajo costo y mermaría el abasto a las instituciones de salud pública, pues las propias autoridades reconocen que las medicinas genéricas constituyen uno de sus principales insumos. De manera adicional, este apartado afectaría al sector agrícola al limitar el uso de productos químicos.
Otro aspecto preocupante e inaceptable contenido en las partes del acuerdo conocidas antes de su publicación oficial es la referente a Solución de diferencias, por las graves concesiones que conllevaría en materia de soberanía. Si el Senado ratifica lo ya firmado por el gobierno mexicano, los conflictos entre éste y las compañías extranjeras serán dirimidos en cortes privadas, cuya autoridad quedará por encima de la legislación mexicana. Además, dichos tribunales podrían imponer a los países firmantes pagos potencialmente ilimitados a los inversionistas extranjeros que se consideren afectados por cualquier decisión de los gobiernos, medida que significa una gravísima limitación a la democracia.
Ante los mencionados peligros que conllevaría su aplicación, la forma en que se tramitó el Acuerdo Transpacífico es una muestra más de la crisis de representatividad de los gobiernos involucrados –en el caso de México, los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, pues firmaron un documento cuyo contenido era desconocido para sus ciudadanos.
Pero, más allá de la manera en que lo negociaron y aprobaron los gobiernos, esta forma es indicativa del fondo antidemocrático y dañino del acuerdo mismo. Por ello, es urgente que el Senado inicie un debate abierto y plural, de cara a la sociedad, antes de tomar cualquier decisión con respecto al ATP.
