La iniciativa presidencial para desaparecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste) limita los derechos laborales y traslada a manos privadas recursos por 119 mil 373.3 millones de pesos, explicó ayer el grupo parlamentario del PRD.

Mientras la Comisión de Hacienda volvió a posponer para el próximo martes la discusión del proyecto, que el miércoles fue aprobado por PRI, PVEM y Panal en la Comisión de Seguridad Social, el PRD sostuvo que llevar la operación de Pensionissste al esquema del resto de las Afores significa la privatización en el futuro.

En conferencia de prensa, la diputada Elida Castelán expuso que no hay necesidad ni urgencia para aprobar el dictamen al mismo tiempo que el paquete económico 2016, sobre todo porque Pensionissste cobra las menores comisiones y garantiza los mejores rendimientos del mercado. Ese beneficio es el que queda en riesgo con la reforma promovida por los diputados de PRI y PVEM, dijo.

Consideró que uno de los principales peligros de desaparecer administrativamente esa administradora de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), como propone el presidente Enrique Peña Nieto, es que la supuesta autonomía queda subordinada al secretario de Hacienda, que –a propuesta del tricolor– presidiría el consejo de administración.

Es claro que el gobierno federal piensa más en sus amigos empresarios que en las prestaciones de los miles de trabajadores afiliados al Issste, y esta postura es un crimen, señaló.

Consideró que Pensionissste requiere modernizarse, pero sin pasar por su desaparición. Es la única administradora de cuentas individuales para el retiro que reintegra los excedentes de los trabajadores, lo que no ocurre en otros esquemas.

Mientras, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, planteó que la Comisión de Hacienda está obligada a demostrar que con la reforma los empleados obtendrán más rendimientos y que no existe riesgo alguno de pérdida de sus ahorros.

Rechazó que se trate de un esquema privatizador. Dejamos a salvo los derechos de los trabajadores. Es simplemente una manera para que ganen más, tengan un mejor futuro. Es totalmente legal y deja garantizadas sus pensiones, aseguró.