Cuernavaca, Mor.

El cuerpo de Oliver Navarrete Hernández estuvo ocho meses y 12 días junto con los de 149 personas en una fosa común clandestina que la Fiscalía General del Estado (FGE) utiliza en Tetelcingo, municipio de Cuautla, para inhumar restos que nadie reclama o reconoce. Pero el cadáver de este joven sí había sido identificado por sus familiares.

Navarrete, de 31 años de edad, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla; 10 días después fue encontrado muerto. Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio privado que no tiene permisos del ayuntamiento ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común o cementerio.

María Concepción Hernández, madre de Oliver, logró que la FGE exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014 para darle sepultura formal. Trabajadores de la FGE abrieron dos fosas, de donde exhumaron 150 cadáveres, entre ellos el de Oliver Navarrete, y volvieron a enterrar el resto.

Desde entonces, los familiares han luchado para que la FGE informe por qué enterraron el cuerpo cuando ellos lo reclamaban, y por qué utiliza dos fosas clandestinas para deshacerse de restos cuando hay miles de familias buscando parientes desaparecidos en el país.

Amelia, tía de Oliver, y María Concepción Hernández, solicitaron ayer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDH) que agilice la queja que interpusieron en abril contra la FGE y el gobierno del estado.

También demandan que se castigue a las autoridades y trabajadores implicados en la inhumación clandestina y se investigue la responsabilidad de la FGE y del propio gobernador, el perredista Graco Ramírez.

Cuando sacaron el cuerpo de Oliver Navarrete, una de sus tías grabó videos de cómo los trabajadores sacaron con una retroexcavadora 150 bolsas con cuerpos, algunos todavía con números de sus carpetas de investigación (como el su sobrino) y otros sin dato alguno, por lo que exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie una investigación.

La madre del joven señaló que entre los probables responsables está la terna que el gobernador envió al Congreso local para que uno sea elegido este viernes fiscal de Morelos: el encargado de despacho de la FGE, Javier Pérez Durón –sobrino político del gobernador y ex fiscal metropolitano–; Adriana Pineda, titular de la Unidad Especializada contra el Secuestro, y Norma Angélica Toledo, directora general de Derechos Humanos de la fiscalía.

En entrevista, María Concepción Hernández relató que su hijo fue secuestrado frente a su casa, en la colonia Gabriel Tetepa, municipio de Cuautla, el 24 de mayo de 2013. La FGE abrió la carpeta CT-UIAE/83/2013 por desaparición de persona, pero no siguió los protocolos de búsqueda.

El 3 de junio de 2013 el cuerpo de Oliver Navarrete fue encontrado en el barranco Los Papayos, municipio de Ayala, por lo cual se integró la carpeta CT-UIDD-/1791/2013; el 24 de ese mes se acreditó la identidad de la víctima, por lo cual las dos carpetas fueron fusionadas.

Cuando reclamaron el cadáver, señaló, la subprocuradora de la zona oriente, Liliana Guevara Monroy, nos dijo que era necesario realizar más pruebas periciales en el cadáver de mi hijo. Lo dejamos. Coadyuvamos también para dar con la banda de secuestradores. De esto supieron hasta el entonces fiscal Rodrigo Dorantes Salgado y el gobernador Graco Ramírez, dijo.

Aunque las autoridades retuvieron el cuerpo, no hubo detenidos ni se ha identificado a los presuntos responsables. Los denunciantes temen que se esté protegiendo al crimen organizado; temen por su vida y responsabilizan al gobernador de lo que pueda ocurrirles.

Cada vez que preguntaban por el cuerpo les decían que lo tenían en las cámaras frigoríficas del Servicio Médico Forense, pero el 4 de diciembre el fiscal de la zona oriente, José Manuel Salmerón, les informó que había sido enviado a la fosa común en un panteón de Tetelcingo el 28 de marzo de 2014.

Hernández investigó dónde estaba la fosa y descubrió que se trata de terrenos propiedad de Socorro Tlapala Guerrero, que ni el ayuntamiento de Cuautla, ni el registro civil ni salubridad municipal han expedido permiso alguno ni llevan un control de los cuerpos enterrados allí.

“Se puede suponer que los 150 cadáveres fueron inhumados de manera clandestina e ilegal, pues la FGE nunca notificó al oficial del Registro Civil de Cuautla y tampoco se dio autorización ni se expidieron certificados de defunción.

En el caso de Oliver se cuenta con copias debidamente certificadas de las carpetas de investigación acumuladas. Existe certeza legal de que no hubo autorización del Registro Civil para la inhumación y tampoco se expidió certificado de defunción, lo que permite asegurar que la inhumación resulta ilegal, dice la queja que interpuso la madre ante la CEDH, la 190/2015-2.

Si el gobernador Graco Ramírez y el presidente Enrique Peña Nieto no ordenan una investigación que dé con los responsables de estos hechos, anunció, presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se exhumen e identifiquen esos cuerpos y se conozcan las causas de sus muertes. Asimismo, para que se determine si en esas fosas hay cuerpos de personas cuya desaparición ha sido denunciada ante fiscalías y procuradurías de otros estados del país.