Washington.

La publicación del texto del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) fue saludada como un signo de transparencia, aunque no puso fin a las recriminaciones de la sociedad civil, que denuncia un convenio a favor de las multinacionales.

El convenio, alcanzado después de cinco años de discusiones, todavía debe ser firmado y ratificado por los 12 países y esto podría complicarse en algunos casos, empezando por Estados Unidos, donde deberá superar el escepticismo del Congreso.

Numerosas ONG cuestionaron el secretismo que rodeó las negociaciones durante media década, y aseguran que esa actitud responde a los favores acordados para beneficiar a multinacionales.

Otras voces se alzaron para criticar un pacto que debe ser aprobado como un todo, sin posibilidad de modificar cláusulas.

Ya no habrá más espacio para medias verdades, conjeturas o filtraciones sobre lo que contiene o no el acuerdo, afirmó Deborah Elms, directora ejecutiva de Asian Trade Center, consultora con sede en Singapur. Llevará tiempo y esfuerzos entender el acuerdo y las implicaciones que tendrá para cada sector o industria, agregó.

El ATP abarca tópicos que van desde la protección de la propiedad intelectual hasta el manejo de disputas con inversionistas extranjeros para hacerles cumplir los derechos laborales, así como una serie de acuerdos anexos relativos a recortes arancelarios específicos entre los miembros.

Ahora tenemos pruebas de que el acuerdo transpacífico amenaza a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro medioambiente, deploró la organización Sierra Club, que se muestra sorprendida por la ausencia del término cambio climático en el texto.

El sindicato estadunidense AFL-CIO dijo estar más seguro que nunca de que el ATP piensa primero en las empresas y no fue hecho para beneficiar a los asalariados. La central está preocupada por la inclusión de un mecanismo de protección de los inversionistas que aumentará el poder de las empresas.

Sus detractores recuerdan que este mecanismo permitirá a las multinacionales atacar, a través de la justicia, a los Estados, en caso de que consideren que sus intereses están siendo amenazados por políticas públicas.

El ATP también fue rechazado por organizaciones de agricultores, en especial en Japón, donde se teme la caída de la competitividad ante productos más baratos. En Canadá, pequeños productores lácteos bloquearon el Parlamento en Ottawa para expresar su oposición a la apertura del sector.

En Estados Unidos, el nuevo jefe de la oposición republicana en el Congreso, Paul Ryan, aseguró que Obama deberá explicar en detalle cómo las familias estadunidenses se verán beneficiadas con este acuerdo.