En una carta al Senado de la República diversas organizaciones de la sociedad civil, principalmente de juristas y de derechos humanos, expresaron su preocupación por el papel preponderante del Ejecutivo federal sobre el mecanismo de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues afecta los contrapesos y la separación de poderes.

Además, advierten que el proceso de selección de ministros se realiza sin la suficiente y necesaria transparencia y sin la crucial participación de la sociedad, lo cual resulta profundamente negativo para la independencia del máximo tribunal.

Las organizaciones solicitan al Senado una audiencia pública sobre las futuras elecciones de ministros de la Corte, institución que tendrá vacantes dos lugares el próximo 30 de noviembre.

Este espacio, que proponen sea el viernes 6 de noviembre dada la premura del tiempo, serviría para debatir los criterios de elección y considerar la posibilidad de incorporar mejores prácticas y estándares internacionales en este proceso, desde la conformación de la terna de los candidatos hasta el nombramiento de los ministros, siempre con el ánimo de proteger y fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

Se señala que si bien el mandato constitucional para elegir a los ministros parece claro a primera lectura, es necesario abrir un debate sobre su interpretación, sobre todo cuando se entiende que un Poder Judicial independiente e imparcial es fundamental para la vida democrática del país.

El Senado de la República tiene la oportunidad de equilibrar este proceso promoviendo debates públicos, respetuosos y fundamentados en criterios objetivos con actores que conocen el sistema judicial en México y que tienen mucho que aportar a las carencias señaladas en reiteradas ocasiones, dicen.

Firmada por Artículo 19, la Comisión Mesoamericana de Juristas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa, la Red Todos los Derechos para Todos y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, la carta señala que el sistema de nombramiento actual no incentiva la designación de personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad, probidad, independencia y profesionalismo.

Además, tampoco se toma en cuenta la trayectoria ética y democrática de las y los candidatos, ni se proponen personas de incuestionable conocimiento en temas cruciales como el derecho internacional de los derechos humanos, tan relevante de cara a la reciente reforma constitucional de 2011.