El PRD presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución para modificar diversas leyes reglamentarias, con la finalidad de abrir el camino a la redacción de una nueva Carta Magna que sea promulgada en 2017.

Agustín Basave, integrante del grupo parlamentario del sol azteca, señaló que las debilidades de la Constitución son crecientes. Una amplia cantidad de reformas, dijo, la han extendido, “tiene alrededor de 74 mil palabras, según datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es una de las más largas del mundo, quizá la segunda o tercera después de la de India.

“Pero no sólo por la extensión, sino por la incoherencia que le es inherente, inevitable cuando se hacen tantas modificaciones y el texto se vuelve tan complejo. Con esta iniciativa se proponen leyes orgánicas constitucionales. Es un estrato intermedio entre la Constitución y las leyes secundarias, donde se descarga el fardo reglamentario de la Carta Magna. México necesita una nueva Constitución, ésta ya es disfuncional, este es un punto de comienzo para que en 2017 –al cumplirse cien años de la de 1917– se promulgue una nueva.”

Por su parte, el PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para restablecer formalmente a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y reincorporarle las atribuciones que le fueron retiradas en la reforma de 2013. Los panistas consideran que el titular de la dependencia no debe ser, ni haber sido, integrante de algún partido político.

Iniciativa panista

Lorena Alfaro, legisladora de ese partido, recordó que en el contenido de la reforma constitucional –por la que se crea el sistema nacional anticorrupción– se concedió a la SFP la responsabilidad del control interno del Ejecutivo federal.

Así, la dependencia conocería e investigaría las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como remitir la sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o presentar denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

En tanto, el perredista Arturo Santana presentó una iniciativa para que la ficha signaléctica de los presos que recuperen su libertad sea destruida al momento que esto ocurra. La propuesta señala que una vez declarado absuelto por sentencia ejecutoriada o que se decrete su libertad por falta de elementos para ser procesado, se destruya su ficha de identificación administrativa, así como toda constancia que suponga su existencia, como pueden ser copias simples o certificadas o cualquier resquicio que haga suponer su existencia.

El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley de seguridad pública que pretende reservar las corporaciones policiales municipales; crear el instituto nacional de seguridad pública; aplicar modelos de control interno y externo; levantar un instituto nacional de ciencias forenses y otorgar al Congreso la facultad de ratificar al secretario de Seguridad Pública.