La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso lúdico de la mariguana, si bien no implica su legalización, abre la necesidad de un amplio debate sobre los alcances en todos los ámbitos y un cambio en esta política, señaló ayer la Presidencia de la República.

Sin embargo, precisó que es un criterio aislado que por ahora no sienta jurisprudencia, por lo cual no es obligatorio para jueces y tribunales, de modo que puede modificarse.

El vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y el consejero jurídico, Humberto Castillejos, coincidieron en acotar los alcances de la resolución a los cuatro promoventes del amparo. Sánchez señaló que continuarán con las campañas de salud para inhibir la adicción y buscarán difundir los términos acotados de esta sentencia para no generar falsas expectativas.

A su vez, Castillejos destacó que algunos aspectos sobre la postura que adoptará el Ejecutivo federal dependerán de los términos en que la Corte elabore el engrose de la sentencia.

Esto incluye los alcances que se tengan sobre siembra para consumo personal o bien cuáles serán los términos en los que la Secretaria de Salud deberá responder otras peticiones similares a la que motivaron el amparo. Consideró que esas solicitudes tendrán que negarse, pues por ahora el uso lúdico de la mariguana sigue siendo ilegal.

Si hubiera un criterio reiterado del Poder Judicial de que la negativa de estos permisos para la siembra con fines lúdicos es violatoria de un derecho humano, entonces, ya con jurisprudencia (resueltos cinco casos en el mismo sentido), el Congreso debería revisar si se necesita modificar las leyes que fuesen declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.

Sostuvo que se hace necesaria la realización de un amplio debate de carácter multidisciplinario que involucre el análisis de todas las implicaciones. Entonces, ‘‘con toda la información disponible se deberán adoptar las decisiones en torno a la política pública que deba seguirse’’ y determinar cuál es la mejor regulación para inhibir el consumo de drogas en el país.

Interrogado sobre si el Ejecutivo o el Congreso deben ser los convocantes, Castillejos señaló que hay respeto y coordinación entre los poderes y ‘‘seguramente en los próximos días se sabrá si se llama a un debate público sobre este tema’’.