n septiembre de 2010, la Universidad Juárez del Estado de Durango, institución pública y autónoma, fue asaltada e intervenida por el gobierno y el Congreso local del estado. En sesión a puerta cerrada, los diputados locales desconocieron a su rector y, violentando la Constitución de la República sobre la autonomía universitaria, modificaron unilateralmente su Ley Orgánica, sin consulta con su comunidad. Igualmente adulteraron la composición del Consejo Universitario, al que incorporaron decenas de porros estudiantiles que apoyaron el golpe del poder público. En el colmo de su aberración legislativa, los diputados se abrogaron la facultad para designar ellos mismos una rectora sustituta de la UJED. El enorme rechazo a tal disposición obligó al gobierno y al Congreso a dar marcha atrás y su rectora sólo pudo sostenerse menos de una semana. Sin embargo, por medio del nuevo consejo adulterado y el asalto de las instalaciones universitarias por la policía estatal, impusieron otro rector, igualmente servil a las decisiones del gobierno duranguense. En ambos casos tomaron posesión de la rectoría, resguardados por los cuerpos policiacos que mantenían tomado el edificio de la universidad.

Desde entonces la universidad vive en un estado de total ilegalidad y sometida al control político de un gobierno adverso a la institución. Una universidad amordazada es incompatible con un centro de educación superior verdaderamente autónomo, pero infortunadamente esa es la realidad que impera en la Universidad de Durango. El daño más grave y lesivo para la comunidad de la UJED ha sido la desaparición forzada de su autonomía. En su desaparición los diputados locales y los porros estudiantiles de la Federación de Estudiantes de la Universidad (FEUD) actuaron como sicarios, bajo la jefatura de los capos que se ubican en la cúpula del gobierno del estado. La agresión a la universidad fue una decisión de Jorge Herrera Caldera, actual gobernador del estado, apenas 12 días después de haber asumido la administración estatal. El asalto en contra del principal centro de educación superior certifica que esa entidad padece un gobierno de iletrados y represores, expresión del anquilosado sistema político local y del partido (PRI) que por largas décadas ha monopolizado el gobierno de la entidad y que el pueblo duranguense todavía no ha logrado sacudirse y botarlo al basurero de las inmundicias políticas.

El rechazo y la condena a la violación de la autonomía de la UJED han sido planteados por organismos representativos de la comunidad de universidades nacionales como la ANUIES y Cumex, así como por la Unión de Universidades de América Latina (Udual); ninguna institución universitaria ha reconocido la legalidad y legitimidad de la agresión en contra de la UJED y centenares de intelectuales y académicos de centros de educación superior del país y del extranjero han levantado su voz exigiendo la recuperación de su autonomía y repudiado el golpismo gubernamental que la cercenó y desapareció.

Las hostilidades desatadas por el gobierno y el Congreso de Durango en contra de la UJED constituyen los hechos más ominosos que se han registrado en la historia de la universidad. Ninguna universidad autónoma ha padecido en tiempos actuales un atropello de la magnitud como el que enfrenta esta comunidad. Han sido años aciagos para los universitarios, pero al mismo tiempo de lucha y resistencia, y los que han batallado por recuperar su universidad se han agrupado en el Frente Universitario en Defensa de la Autonomía, integrado por académicos, estudiantes y trabajadores. Las acciones desplegadas por el frente han representado y preservado la dignidad y resistencia de lo mejor de su comunidad, y por su activismo se ha convertido en el referente de la vida universitaria, e igualmente de otros segmentos de la sociedad duranguense. Empero, las acciones de contención y persecución gubernamental han sido permanentes en contra del frente. Diversas movilizaciones han sido reprimidas y varios de sus miembros agredidos y encarcelados y, en el transcurso de estos años, dos de sus integrantes fueron asesinados: uno de ellos, el abogado defensor y asesor legal por la autonomía. Ninguno de estos crímenes ha sido aclarado.

Bajo esta falsa autonomía e ilegalidad que priva en la UJED, ésta ha devenido en un departamento más del gobierno estatal y la designación de autoridades y directores de facultades se realiza previa consulta ante los funcionarios del gobierno que atienden los asuntos universitarios. Es del dominio público que el principal operador y encargado de tomar decisiones sobre la UJED es don Toño, hermano mayor del gobernador, persona ajena a la universidad, pero que actúa por encima del que ilegal y formalmente se ostenta como rector de la UJED.

El foro realizado por el frente hace unos días ha resuelto intensificar la batalla que conduzca a la inaplazable recuperación de la autonomía y la liberación de su universidad de la sujeción impuesta por el gobierno estatal. Su comunidad y el pueblo duranguense lo reclaman y lo merecen.