a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer en sesión pública, y por cuatro votos contra uno, amparar a cuatro consumidores de mariguana, a los cuales la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá autorizar la producción de cannabis para consumo personal. Asimismo, la sentencia correspondiente declara inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud en sus prohibiciones a que la Secretaría de Salud autorice “la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar) exclusivamente el estupefaciente cannabis (su resina, preparados y semillas) y el sicotrópico THC que en conjunto son conocidos como mariguana”. Por lo demás, el fallo aclara que no constituye autorización alguna para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas.

Además del festejo de los beneficiados por la resolución y de otros consumidores de mariguana, destaca la reacción del gobierno federal, el cual, por voz del presidente Enrique Peña Nieto, manifestó su respeto y acatamiento del fallo y advirtió que éste no significa la legalización de la producción, el trasiego y venta del estupefaciente, por lo que el gobierno federal seguirá destruyendo y decomisando mariguana. Tal postura fue refrendada horas más tarde por el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

Aunque constreñida a sólo cuatro personas, la resolución de la CSJN es un paso hacia la despenalización de la cannabis, toda vez que en el futuro otros interesados en consumir legalmente la droga podrán invocar la resolución de ayer del máximo tribunal del país. Pero es claro que para legalizar ese u otros estupefacientes no basta con resoluciones judiciales sino que es necesario transitar por el terreno legislativo y, antes, por un debate amplio e informado que involucre a la mayor parte posible de la sociedad.

Por lo pronto se ha avanzado en el ámbito de una ética social que busca retirarle al Estado la atribución de decidir qué clase de sustancias pueden consumir los individuos y cuáles no, y que busca transferir la decisión correspondiente a la esfera de la soberanía y la responsabilidad personales.

Cabe esperar que la determinación asumida ayer por la SCJN acelere el debate y las reformas necesarias en torno a la prohibición legal de ciertas drogas, una prohibición que ha sido calificada de arbitraria y discrecional, pues no incluye sustancias cuyo uso habitual es incluso más perjudicial que el de la mariguana, como el alcohol, el tabaco y diversos fármacos de venta libre. Para colmo, no hay evidencia alguna de que la ilegalización de ciertas drogas haya servido para frenar el consumo; en cambio, la prohibición ha impulsado el negocio ilícito del narcotráfico, el cual logra sus desmesurados márgenes de ganancia precisamente burlando la prohibición y la persecución de la producción, trasiego y venta de las drogas ilegales.