Integrantes de la organización Vecinos Unidos afirmaron que no están en contra de la producción de vivienda de interés social y popular, sino del uso indebido de la Norma 26 que hicieron los desarrolladores inmobiliarios y la corrupción que permitió la edificación de inmuebles irregulares.

Estamos a favor de una vivienda digna y de que se enliste a las empresas que hicieron mal uso de la norma, para que no se les permita de nueva cuenta construir bajo el amparo de ese ordenamiento”, refirieron.

En ese sentido, se congratularon de que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez, se haya pronunciado a favor de hacer una lista negra de las inmobiliarias abusivas, ya que desde hace más de dos años insisten en ello.

Susana Kanahuati, integrante de la agrupación, explicó que la propuesta de modificación a la Norma 26 que entregaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) busca reforzar los mecanismos de control de esta disposición legal para evitar los abusos en los que incurrieron los desarrolladores e incrementar las sanciones en caso de incumplimiento.

Sobre la restricción para construir casas de interés social en zonas residenciales de la delegación Benito Juárez, indicó que no es que no se quiera permitir, sino que el propio costo del suelo hace inviable la aplicación de la norma, porque el precio final de las viviendas debe ser mucho menor al del mercado.

Resaltó que es necesario que en la publicidad, promoción o acto de venta se informe cuándo se trata de construcciones hechas al amparo de esta norma, para que se cumpla con el precio que se establece en la misma.

La organización vecinal también planteó cambios en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre ellos, que para la emisión de certificados de zonificación de uso de suelo, la disponibilidad comprobada de servicios de agua, drenaje, electricidad y movilidad, esté acompañada de la consulta vinculante de los vecinos, comité ciudadano y asociaciones de colonias, si las hubiera.

Consideró que se debe eliminar el proscribir el término buena fe de toda la legislación y normatividad en materia de desarrollo urbano, a fin de que las autoridades revisen de manera minuciosa la documentación que entreguen los constructores, y el cumplimimiento de los requisitos a los que están obligados.

Planteó desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa y fortalecer a la PAOT para unificar en una entidad el proceso de verificación y sanción.