Jorge López Portillo, ex director de Exportadora de Sal (Essa), afirmó que la inhabilitación que la semana pasada le impuso la Secretaría de la Función Pública tiene origen en una venganza política, que deriva de denunciar la venta de esta sustancia, por debajo del precio de producción, a la trasnacional japonesa Mitsubishi.

El 28 de octubre, la dependencia informó que inhabilitó a López Portillo por entregar un anticipo para la compra de una barcaza transportadora de sal por más de 92 millones de pesos, sin contar con la autorización del consejo de administración. Ayer, por conducto de su abogado, el ex diputado federal del PRI sostuvo que esa instancia alteró las actas en las cuales se avaló el pago.

Desde que el órgano interno de control inició la investigación sobre el pago, mostró complacencia e incluso parcialidad hacia diversos miembros del consejo de administración de la paraestatal, quienes influyeron y viciaron la determinación de la Función Pública, explicó el abogado Arturo Sandoval López.

Señaló que el consejo de administración modificó sus actas de reunión para señalar a López Portillo como responsable, cuando el proceso de licitación comenzó antes de que fuera designado director, y todo el proceso, resaltó, se llevó bajo la vigilancia del órgano interno de control.

De forma inexplicable, no se ha investigado la responsabilidad de los funcionarios relacionados con las recurrentes omisiones de actas, acuerdos y formalidades del consejo de administración en donde se mandató la compra y publicación de licitación de la barcaza y precios de venta de sal de 2013 y 2014, indicó.

Agregó que el consejo, en sesión secreta a finales de 2014, una vez hecha la compra de la barcaza, modificó las actas de sesiones de marzo y junio de 2013, donde se ratifica la operación, y en la que por lo tanto existía una obligación con la empresa vendedora.

La sanción tiene su origen en una consigna política, después de que se denunció que Essa pierde al menos 300 millones de dólares anuales por venta de sal a Mitsubishi, la cual revende el producto en el extranjero a precios de mercado, como informó la Auditoría Superior de la Federación en febrero a la Cámara de Diputados, insistió.