oma fuerza el huracán de la represión al movimiento magisterial representado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Es indignante la imagen de los cuatro maestros custodiados por la Policía Federal de Oaxaca rumbo al penal de alta seguridad del Altiplano, con similar escenario al de la llamada delincuencia organizada, la que escapa con la complicidad de quienes la resguardan.

¿Cuántas y cuántos en nuestra historia han recibido trato semejante o aún peor?, ¿cuántas y cuántos han cometido el delito de lesa rebeldía?, ¿a cuántas y a cuántos de los nuevos inquisidores, perdón, los nuevos evaluadores, se les ha perdido la memoria? ¿Tiene límites su participación con el gobierno? No parece haberlos. Ya una integrante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación declaró que ojalá no afecten a la evaluación estas detenciones sobre las cuales, al igual que el nuevo secretario de Educación, asumen que han incurrido en actos delictivos y ellos sí que confían en la ley. Es un hecho, el peñanietismo ha emprendido la cruzada de evaluar a toda costa sólo a uno de los eslabones del proceso educativo, al villano favorito, al magisterio democrático y para ello se deja de lado la autoevaluación del sistema priísta al que tan útil le fue el corporativismo corrupto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), su eterno aliado incondicional.

La CNTE ha repetido hasta el cansancio que no se opone a la evaluación, sino a esta evaluación punitiva que no se basa en un nuevo modelo educativo construido con su participación. En 2013 realizó una serie de foros en todo el país, acordados con la Secretaría de Gobernación, cuyos resultados no merecieron siquiera comentarios; después elaboró una propuesta de ley de educación para Oaxaca que tampoco fue discutida. El gobierno y sus seguidores piensan que durante tres décadas se ha mantenido un movimiento sólo con base en sus líderes, corruptos por definición, según la campaña mediática. También suponen que la demanda democrática surgió de la nada, que el olvido de la dimensión educativa corresponde sólo a las maestras y a los maestros. Su reforma educativa está viciada: no puedes evaluar por efectos, si saben o no saben lo que suponen implícitamente que deben saber. Del país de reprobados que hace dos décadas se denunció, ahora pasamos al país de evaluados. La Secretaría de Educación Pública ha vivido mejores tiempos, aun en contextos de corporativismo; ha diseñado propuestas de reforma sobre otras bases aún con escasa participación del magisterio, pero sin colocarlo al pie de la horca. Hoy está poniendo la carreta delante de los bueyes y lo hace de manera irresponsable, por decir lo menos, porque desautorizar, descalificar al magisterio implica destruir uno de los puentes, ciertamente frágiles hoy en día, de un tejido social que el país necesita.

No es cierto que estén criminalizando a cuatro maestros presuntamente delincuentes y de alta peligrosidad; están poniendo a prueba su capacidad de desmovilizar a un sector social organizado y cooptar por el miedo a las bases magisteriales. Evaluarse a ciegas o salir del servicio público, tal es la disyuntiva y no es fácil. Tampoco es casual que desde la SEP y su secretario se cierre filas con los gobiernos de las entidades objetivo para el impulso a sus regiones económicas especiales: Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. ¿Mera coincidencia? Esas regiones son fuertes en resistencia social e indígena, en organización y también en exclusión y extrema pobreza. El peñanietismo no está dando palos de ciego, sabe dónde tiene que golpear y para ello la evaluación educativa es un medio y el llamado interés superior de Nuño encubre la campaña en favor de uno de sus alfiles.

Nos preguntamos si desde los movimientos sociales existe capacidad para resistir al huracán peñanietista y desviar su rumbo para que se concrete un diálogo respetuoso con el magisterio democrático. El Grupo Paz con Democracia, cuyo origen proviene de la experiencia de mediación en Chiapas, ha señalado que este grave conflicto social en el ámbito educativo no puede ser resuelto con militarización, escalada represiva y criminalización de las oposiciones. Llamamos a recuperar por la vía de la interlocución, la solución real a las demandas magisteriales que resulte en un proceso nacional para dar contenido y dimensión a la verdadera reforma educativa que el país reclama ( La Jornada, 31/10/15). Estas voces, con muchas otras, lograron en 1994 detener la embestida represiva contra el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La contrarreforma educativa puede abrogarse, la Constitución lo permite. Aún es tiempo, urge detener la estrategia autoritaria. Las maestras y los maestros necesitan tranquilidad para sentarse a dialogar y definir conjuntamente con el gobierno los cambios que requiere el modelo educativo. Como bien dijo Jesús Reyes Heroles: no despertemos al México bronco.