n el marco del seminario Sistemas nacionales de universidades estatales en el mundo: comparaciones, desafíos y proyecciones, organizado por la Universidad de Chile, el rector saliente de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, deploró ayer la insuficiencia de los recursos económicos que el país destina a la educación superior por alumno, los cuales, señaló, son de apenas la mitad que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras en México el gasto por estudiante es de 7 mil 800 dólares, el promedio referido alcanza los 14 mil dólares.

El funcionario universitario destacó que la cobertura universitaria en nuestro país es de sólo 35 por ciento de los jóvenes; el promedio latinoamericano es de 44 por ciento, lo que coloca a México por debajo de Chile, Argentina, Venezuela, Cuba, Panamá y Costa Rica, entre otras naciones del subcontinente, y alertó sobre que la falta de atención a la calidad educativa pone en riesgo el desarrollo nacional.

El señalamiento de Narro Robles es compartido por extensos sectores de la opinión pública, universitarios o no. Es claro que las perspectivas de desarrollo económico se angostan en forma proporcional al crecimiento de la población que cada año es excluida de hecho de los estudios universitarios.

Por añadidura, el desdén de los gobiernos neoliberales hacia la enseñanza superior pública, gratuita y de calidad, e incluso lo que pareciera un designio por reducirla a su mínima expresión para dar paso a oportunidades de negocio del sector privado, estrecha las posibilidades de superar el atraso, la marginación social, la desigualdad, la pobreza, la violencia y hasta la corrupción y la impunidad que padece México. Los jóvenes que no consiguen ingresar a las universidades tienen más dificultades de incorporarse al mercado laboral, pero eso es sólo una dimensión del problema; les es más difícil también desenvolverse como ciudadanos ante las leyes y las instituciones y, sin espacios de trabajo ni de educación, están más expuestos a ser cooptados por la informalidad y por la delincuencia organizada.

Pero la indolencia del Estado ante la urgencia de incrementar la matrícula de la educación superior y de fortalecer las universidades públicas tiene, además de consecuencias económicas, sociales y políticas devastadoras como las mencionadas, una implicación gravísima: la violación del derecho a la educación, consagrado en la Constitución y en las leyes internacionales, de la mayoría de los jóvenes en edad universitaria.

Es de obvia necesidad, pues, consolidar las instituciones de educación superior públicas del país y dotarlas de los recursos que requieren para que puedan ofrecer una formación de calidad a un número mayor de jóvenes; pero es necesario, asimismo, fundar más planteles y nuevos establecimientos universitarios. El objetivo debe ser no dejar fuera de la enseñanza profesional a ningún aspirante egresado de la educación media que desee continuar sus estudios.