Los senadores aprobarán esta semana la ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución, sobre la expulsión de extranjeros, que está pendiente desde diciembre pasado.

En la iniciativa, que fue publicada como dictamen de segunda lectura en la Gaceta del Senado el pasado miércoles, se destaca que una vez iniciado un proceso de expulsión, éste no podrá exceder de 30 días naturales.

Señala que una vez que se considere procedente la expulsión de una persona extranjera, se le notificará de inmediato.

Al momento de la notificación, la autoridad administrativa detendrá al extranjero y lo mantendrá bajo su custodia hasta que sea expulsado del país, lo cual deberá suceder a más tardar 36 horas después de su detención.

De igual forma se precisa que se aplicará esta medida a las personas extranjeras que realicen actividades políticas o que ejerciten por sí o por interpósita persona algunos de los derechos reservados para los ciudadanos mexicanos.

A diferencia de como se hace actualmente, donde no se respetan los derechos humanos de las personas expulsadas del territorio nacional, con la nueva legislación se aplicará la medida previo desahogo de la audiencia a que se refiere el artículo 33 de la Carta Magna

El extranjero en esta situación tendrá derecho a contar con un abogado, preparar su defensa, ofrecer pruebas, recibir asistencia consular y mantener comunicación con una persona de su confianza.