San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Cuando instaló su comedor, Rincón catracho, para ayudar a sus paisanos indocumentados en Palenque, la hondureña Rocío Yamilet Rico Díaz no se imaginó que sería encarcelada casi 28 meses ni que sus acusadoras, dos jóvenes migrantes de su país, aparecerían muertas tras su detención.

Según ella, autoridades y habitantes de Palenque nunca le perdonaron el éxito que tenía con “las baleadas, comida típica de Honduras: tortillas de harina con frijoles, queso, crema, huevo, chorizo y aguacate”, que consumían sus cada vez m;as numerosos paisanos cuando ingresaban a México.

Acusada de extorsión y asociación delictuosa, cursó la educación secundaria en prisión en sólo 12 meses, y a sus 42 años planea estudiar la preparatoria.

Afirma que, a diferencia de la mayoría de sus paisanos, ella no emigró por necesidad ni por la inseguridad, sino por violencia intrafamiliar.

Vivía con una persona que cuando no tomaba era linda. En lo económico no tenía problemas, pero ¿de qué sirve la comodidad si moralmente no estás bien?

Cuando llegó a Palenque, hace 14 años, “la migra nos correteaba despiadadamente por las vías del tren para cazarnos como si fuéramos animales”, recuerda.

Inicialmente se empleó de ayudante de cocinero en un comedor de Palenque; luego ascendió a cocinera y posteriormente instaló una tienda con su marido, de origen tabasqueño, con quien procreó dos hijos.

Hasta 800 comensales al día

Decidió abrir un comedor porque “tenía cargo de conciencia; como buena samaritana que era, quería ayudar a mis paisanos migrantes. Empecé a hacer las baleadas, que fueron todo un éxito, principalmente entre los hondureños. Rentaba cerca de las vías del tren un local de dos por dos metros sin sillas ni mesas. Llegaban hasta 800 o más personas cada día. A veces no les cobraba”.

Dice que fueron sus paisanos quienes bautizaron el comedor como Rincón catracho (catracho es otra forma de llamar a los hondureños), y me conocieron más y más. Todo el tiempo estaba lleno. Tuve que rentar otro terreno y los mismos paisanos me construyeron la caseta sin cobrarme. Había envidia porque me iba tan bien.

Afirma que varios de sus clientes compraban cerveza en la tienda de enfrente y después iban por las baleadas. Eso ocasionó que me acusaran de vender bebidas clandestinas.

Ante la gran demanda, inauguró otro comedor. “Algunos preguntaban de dónde sacaba dinero y decían que quizás vendía droga. Gracias a Dios no tuve necesidad de eso. Mi negocio fue limpio; la gente decía: ‘ya llegamos a casa, aunque nos falte mucho recorrido’. Me pedían también dónde dormir”.

En febrero de 2013 la policía allanó y arrasó el local sin orden de cateo, supuestamente en busca de droga. No encontraron nada. Interpuse una denuncia, pero nada pasó, dice.

El 28 de mayo de 2013 los agentes realizaron otro cateo y le pidieron que declarara ante el Ministerio Público.

Le aseguraron que sólo tardaría una hora. Luego le pidieron que dijera qué delincuentes llegaban a su comedor. “Me pusieron entre la espada y la pared, porque soy madre soltera con cuatro hijos –y un nieto que nació cuando ella estaba en prisión–, pero no lo entienden”.

Cuando preguntó quiénes la acusaban “llevaron a siete personas que bajaron del tren. Hasta me pusieron Blanca Nieves y sus siete enanos. Lo extraño de las muchachas que me acusaron es que aparecieron muertas al día siguiente. ¿Por qué no fueron deportadas, si eran hondureñas? Iban conmigo en la camioneta, donde las conocí. Después descubrí que me acusaron cuando iban detenidas. Una estaba embarazada”.

Aunque las soltaron esa noche, “al siguiente día un policía me dijo en los separos: ‘¿Ya vio que mataron a las dos muchachas que venían con usted?’ ¿A qué estaba jugando la autoridad? ¿Por qué aparecieron muertas si debieron ser entregadas al Instituto Nacional de Migración?”

Iris Suleida Raudales Flores, de 24 años, y Cynthia Carolina Cruz Bonilla, de 19, fueron asesinadas a balazos y con armas blancas. Sus cuerpos fueron hallados en el tramo carretero Playas de Catazajá-Crucero Shupá; viajaban con un grupo de migrantes en el tren, según reportes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.

Rocío se pregunta qué gana la autoridad al destruir su patrimonio y el de sus hijos. Fue detenida sin saber por qué, con un abogado de oficio que sólo se acercó a los barrotes a comunicármelo y me dijo hasta luego. No apareció más.

Su hijo de 17 años de edad se quedó a cargo de los tres hermanitos y del comedor, pero sólo durante seis meses porque los policías no lo dejaron trabajar.

A ella la internaron en el penal del municipio de Playas de Catazajá y pasado un mes la trasladaron al reclusorio de San Cristóbal. Un año más tarde la sentenciaron a 10 de prisión.

El 15 de septiembre de 2015 le informaron: “‘Señora, esto va a comenzar de nuevo’. Me avisaron que tenía 48 horas para presentar pruebas”. Pidió un careo con sus acusadores, pero éstos no llegaron. “Al tercer día me hablaron y dijeron: ‘Señora: ¡auto de formal libertad por falta de pruebas!’ ¡Después de dos años cuatro meses!”

Sin resentimientos, su conclusión es: “Querían desaparecer el Rincón catracho. No querían que apoyara a los migrantes”.

Al salir de prisión, Rocío se instaló con sus hijos en la Casa Cereza, que forma parte del proyecto de intervención sicosocial en cárceles y juzgados. Bajo la coordinación de Patricia Aracil Santos, participa en el equipo de atención de situaciones de violencia y exclusión social, junto con estudiantes, académicos, profesionales de distintas universidades e integrantes de la sociedad civil.