n el otro largo periodo histórico de desarrollo con distribución de renta en América Latina –especialmente entre 1940 y 1970–, el modelo era compatible con las tendencias históricas del capitalismo a escala mundial. Asimismo, ese modelo encontraba a significativos sectores del gran empresariado cuyos intereses fundamentales eran contemplados.
Lo extraordinario desde ese punto de vista, del actual ciclo de desarrollo económico con distribución de renta en el continente, es que se da en la contramano de las tendencias históricas del capitalismo en el mundo y choca con los intereses de partes importantes del gran empresariado.
¿Cómo fue posible que algunos gobiernos latinoamericanos hayan podido avanzar en ese modelo y cómo es posible que sigan avanzando? Las visiones economicistas con su enfoque reduccionista se apresuran a afirmar que todo fue posible gracias a los precios altos de los productos primarios de exportación. Pero hubo tantos otros periodos con esos precios al alza y nada similar ocurrió. Es condicionante externo que puede ganar más o menos importancia, pero que no es determinante en la existencia de gobiernos que promuevan el desarrollo con distribución de renta y extensión de derechos sociales a la gran masa de la población.
Lo fundamental fue y sigue siendo la determinación de gobiernos de promover la prioridad de las políticas sociales, desarrollando un modelo de crecimiento económico estrechamente vinculado con la extensión del mercado interno de consumo popular. Esa opción es lo que ha permitido a esos gobiernos valerse de la valoración relativa de los precios de los productos de exportación para resistir la recesión internacional y mantener niveles de crecimiento económico siempre vinculados con la distribución de renta.
Ese fue el primer y fundamental factor que ha hecho que países como Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina y Ecuador se hayan puesto en la contramano de las corrientes predominantes a escala global. En este plano sigue vigente la hegemonía del modelo neoliberal, como la misma crisis empezada en el centro del capitalismo en 2008 y todavía vigente. Las políticas de austeridad son la forma específica del neoliberalismo de enfrentar la crisis, ahondando la recesión, cortando derechos de los más débiles, concentrando todavía más la renta y reafirmando el rol predominante del capital especulativo.
Mientras, los países mencionados han enfrentado la crisis recesiva internacional y sus efectos internos con medidas anticíclicas, con los bancos públicos que se han fortaleciendo, con medidas de incentivo al crédito a la producción y al consumo, con la extensión todavía más grande de las políticas sociales.
Otro factor característico de la forma en que esos países se han desarrollado en la contracorriente de las olas internacionales ha sido el incentivo a la conciencia y organización social del pueblo. Enfrentando los monopolios privados de los medios de comunicación a la difusión masiva de un estilo de consumo egoísta se pudo resistir –en cierta medida– la hegemonía de la ideología neoliberal, como elemento más fuerte de ese modelo a escala nacional e internacional.
Cuando esos gobiernos han logrado articular esos dos elementos –prioridad de efectivas políticas sociales y movilización de la conciencia popular– consiguieron seguir avanzando, como ha ocurrido en gran parte de la década y media trascurrida desde la primera victoria electoral antineoliberal, en 1998, con el triunfo de Hugo Chávez.
La construcción de gobiernos posneoliberales ya tiene historia desde entonces, con grandes avances, obstáculos, contradicciones, dificultades, que se han manifestado de forma más clara en estos últimos años, exactamente cuando ha habido problemas en alguno de los dos factores que apuntamos o incluso en los dos.
En general los gobiernos posneoliberales tienen problemas cuando sus políticas sociales dejan de funcionar bien o tienen factores opuestos –como la inflación, por ejemplo– que neutralizan o debilitan las conquistas. Se pierden bases sociales de apoyo y se debilita la legitimidad política de los gobiernos.
O cuando, a pesar de hacer buenas políticas sociales, los gobiernos y las fuerzas de izquierda no son capaces de convencer políticamente a parte importante de los beneficiarios de esas políticas que ellas se deben a una definición de políticas del gobierno y no simplemente a esfuerzos individuales o a alguna suerte o resultado de alguna bendición religiosa.
La crisis actual de algunos de esos gobiernos es resultado de la acción desestabilizadora de la derecha interna e internacional, que actúa sobre elementos de debilidad de esos procesos. Como ya ha sido citado, estancamiento o retrocesos en conquistas sociales por problemas en su implementación y/o por dificultades en la misma política económica, y acción de los monopolios de los medios privados de comunicación que plantean obstáculos para la conciencia social de la masa de la población.
Ninguno de esos problemas es insuperable, menos todavía apuntan hacia el agotamiento del potencial de esos gobiernos. La opción por la prioridad de lo social, de las políticas de afirmación de derecho de los más pobres, de distribución permanente de renta, de extensión del empleo y de garantía del poder adquisitivo de los salarios, de educación y salud de calidad, entre otras políticas, son prioridades permanente en el continente más desigual del mundo. A su vez, la condición de consolidar de forma irreversible esos procesos está en la conciencia social de las personas, en la conciencia de sus derechos, de quienes los garantizan y quienes son los que atentan contra ellos.
