La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que pese a las detenciones de cuatro maestros de Oaxaca y el anuncio de que se giraron órdenes de aprehensión para 26 más, no detendrán sus acciones de protesta contra la reforma educativa y las evaluaciones. Acusó que el Estado criminaliza a los maestros y la protesta social.

La sección 18 de Michoacán consideró que el gobierno trata de imponer una política de terror e intimidación para que los docentes convocados a la evaluación del desempeño, que comienza el 14 de noviembre, se registren y suban sus evidencias.

Alertó que para garantizar el proceso en Michoacán arribaron al estado 5 mil policías federales.

Llamó a fortalecer la unidad en esta etapa en la que el régimen pretende golpear a la CNTE y, con ello, a todo el sindicalismo de clase.

A organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares las convocó a participar en todas las acciones que emprenda la coordinadora para exigir la liberación inmediata de sus compañeros, además de sumarse al boicot a la evaluación.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Campeche también condenó los actos de represión del Estado contra la sección 22 de Oaxaca, y calificó de arbitraria la detención de los profesores Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, acusados cometer diversos delitos federales.

Indicó que la acción se da contra uno de los pilares más importante en la lucha que hemos emprendido por defender la educación pública y nuestro empleo.

También exigió al gobierno federal, además de la libertad de los profesores detenidos, el cese a la represión del movimiento magisterial.

Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 democrática, consideró un exceso la acción policial emprendida por el gobierno contra la sección 22 y dijo que todo está dirigido a pegarle al magisterio de Oaxaca.

Pero la CNTE, sostuvo, no puede perder de vista que lucha por tirar la reforma educativa, no subir evidencias para la evaluación del desempeño y boicotearla.

Manifestó que la coordinadora hace lo jurídicamente necesario para lograr la libertad de los docentes detenidos la madrugada del jueves.

Apuntó que haberlos llevado al penal del Altiplano refleja la soberbia con la que actúa el gobierno, tratando de intimidar a los maestros equiparándolos con delincuentes.

Dijo que cada contingente en los estados analiza la situación y el 8 de noviembre se reunirá la asamblea nacional representativa.

En tanto, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron oficinas de la zona 28 de educación indígena, tomaron la unidad administrativa e irrumpieron en la sesión del cabildo de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas, para exigir la liberación de los dirigentes oaxaqueños.

Posteriormente, los profesores irrumpieron en la sala de Bellas Artes, donde sesionaba el cabildo de San Cristóbal, cuyo presidente, Marco Antonio Cancino González, la síndica Linda Higuera Gutiérrez y la mayoría de regidores salieron por la puerta trasera.

El regidor de Morena Carlos Herrera Hernández informó que los cerca de cien docentes “no llegaron violentos, aunque sí de manera sorpresiva y no tomaron la tribuna, sólo gritaban consignas en favor de los detenidos y que el ayuntamiento se pronuncie sobre el caso”.