uego de tres años del actual gobierno, el rechazo y las críticas contra las políticas establecidas por él parecen ser mayores cada día, en virtud de la ausencia de mejoras reales en materia de seguridad, empleo y crecimiento económico, agravadas por las formas autoritarias con las que esas políticas han sido impuestas.

El descrédito y enojo ante los errores y los escándalos de corrupción en los que se han visto expuestos los más altos funcionarios del régimen, por sus relaciones con empresas a las que claramente han favorecido y a su vez se han visto favorecidos por ellas, así como el desdén que esos funcionarios han manifestado hacia el pueblo que gobiernan, tanto en los casos de violación a los derechos humanos como en su interés de aprovechar los desastres naturales, con promoción mediática que nada resuelve, como fue el caso del huracán que asoló el estado de Guerrero dos años atrás, todo lo cual ha llevado al país a un estado de polarización entre pueblo y gobierno desconocido en tiempos recientes.

La imposición engañosa de políticas y programas de gobierno orientadas a seguir enajenando el patrimonio nacional, a privatizar los servicios básicos de salud, distribución del agua y de educación, con promesas de que ello traerá crecimiento económico y beneficios para toda la población, siguen la pauta de gobiernos anteriores cuyas promesas en ningún caso se cumplieron, pero que llevaron al país a las condiciones de miseria y deterioro de los servicios públicos de salud, educación y bienestar social que ahora imperan, a la par de la acumulación desmedida de riquezas para una minoría privilegiada. Así, lo que está haciendo el actual gobierno, no es otra cosa que continuar las acciones de los gobiernos anteriores, con el agravante de que las condiciones de pobreza, inequidad y explotación son cada vez más parecidas a las existentes en periodos que condujeron a la violencia como única posibilidad de solución.

Por otra parte, los niveles de inseguridad y delincuencia que ha vivido el país en los últimos años, que hoy cubren buena parte del territorio nacional, demuestran que las políticas y estrategias del gobierno anterior y continuadas por el presente, lejos de contener al narcotráfico han propiciado su crecimiento mediante la infiltración de los grupos delictivos en las fuerzas de seguridad y en los altos niveles gubernamentales.

Un sentimiento que se antoja generalizado en todo el país es el enojo de los ciudadanos por los altos niveles de impunidad que permean y protegen actualmente tanto a los funcionarios del gobierno federal como de los gobiernos estatales y municipales, que se adhieren al ejemplo de lo que observan en las cúpulas gubernamentales del país. Si ellos lo hacen, ¿yo por qué no?

Así, las consecuencias de las actitudes, errores e incumplimiento de compromisos por el gobierno y el Presidente se ven hoy reflejadas en las diferencias que tiene el gobierno con diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos y por el incumplimiento de sus compromisos con esos organismos, los cuales se aúnan al de los compromisos internos, establecidos por ellos mismos con el pueblo. ¡Te lo ofrezco y te lo cumplo, lo firmo ante notario!, decía alguien de este grupo alguna vez.

Otro factor en su contra lo configuran las conductas exhibidas por los altos funcionarios y sus familias, cuya banalidad y presunción es conocida y del dominio público, las cuales han constituido una ofensa para la mayoría de la población que vive en la pobreza o en la miseria, igual en las favelas y arrabales de las grandes ciudades, que en las zonas rurales más pobres del país, a las que además se engaña para privarlas de su patrimonio natural que es entregado a empresas extranjeras para su explotación, lo cual ha constituido nuevas causas de enojo social cuyo nivel puede estar llegando a situaciones críticas que ponen en riesgo la tranquilidad y el futuro mismo de la nación.

¿Qué tan generalizado e intenso es el sentimiento de enojo con el gobierno por la sociedad mexicana? Lo intuimos a partir de las pláticas cotidianas y las burlas constantes que circulan en las redes sociales, lo intuye el gobierno también, llevándolo a preparar su estrategia mediática del ya chole con tus quejas, que sólo ha demostrado una vez más su incapacidad para entender la problemática social que se ha venido generando.

Pero, ¿cuál es la magnitud real de este fenómeno? Distamos de conocerla con certeza, por ello en La Jornada hemos instrumentado una consulta que nos permita conocer qué tan amplio, intenso y generalizado es el nivel de disgusto entre los distintos grupos sociales y las diferentes regiones de la nación, considerando que tanto el gobierno como la sociedad mexicana en su conjunto tienen el derecho y la necesidad de saberlo. Del gobierno esperamos la pronta corrección de sus errores y la modificación de las políticas y medidas que mayor disgusto e inconformidad han generado, considerando que en un país democrático como supuestamente es el nuestro, el gobierno tiene el deber de responder a las indicaciones e intereses de las mayorías.

Para el pueblo, conocer cómo piensan las mayorías constituye un ejercicio democrático que nos llevará a todos a discutir y entender las diferencias naturales en la forma de pensar de los diversos grupos ciudadanos, aceptándolas y entendiéndolas de manera que el país en su conjunto mejore su cultura democrática, intercambiando sus opiniones respecto a los aspectos que conforman la realidad nacional.

Sabemos que la idea de instaurar un sistema de consultas nacionales no es un proyecto sencillo; son muchos los que tienen miedo de participar en ejercicios de esta naturaleza, pensando que ello les puede acarrear dificultades futuras, pero no es este el caso, la Constitución no sólo nos otorga este derecho, sino que nos convoca a hacerlo, ya que esto constituye la esencia misma de la democracia representativa. Que el gobierno sepa cómo pensamos todos, lo debe llevar a replantearse sus proyectos programas y políticas. El que conozca además, como piensan los diferentes grupos sociales que pueden verse afectados por un programa determinado, deberá llevarles a ser cautos y a tomar en cuenta esos intereses.

La respuesta que hemos tenido en estas primeras consultas ha resultado positiva mas no suficiente; para que lo sea, necesitamos lograr una mayor participación ciudadana, pues será entonces cuando los miembros del Congreso comiencen a preguntarse sobre cuál debe ser el sentido de su voto sobre los temas a discutir en el Congreso y será también entonces cuando el gobierno se vea obligado a modificar sus políticas de acuerdo con los intereses ciudadanos. La fuerza que el pueblo de México pueda llegar a tener ante su gobierno, difícilmente lo podrá lograr de otra manera, por ello invitamos a nuestros lectores y a la sociedad en su conjunto, a unirse a este esfuerzo orientado a hacer de la democracia, la mejor forma de entendimiento y de lucha por el país que todos queremos y necesitamos.