ecientemente se ha venido conociendo a cuentagotas y por medio de filtraciones la culminación de ajustes y redacciones del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP), después de poco más de siete años de negociaciones en secreto. No está de más volver a señalar la total falta de equidad entre países en estas negociaciones comerciales, pues se fijan esquemas de competencia desigual entre países que poseen una gran riqueza mundial de origen frente a países que en realidad son dependientes de lo que mejor plazca de grandes corporaciones trasnacionales.

Se trata, pues, de un tratado internacional que involucra por lo menos a 12 países del mundo, y que al instaurarse como tratado de libre comercio abarcaría muchos más aspectos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con el ATP, tal como han señalado otros analistas en estas páginas, se amplía y endurece el tratado que entró en vigor en 1994, y a su vez, en el marco del reacomodo de la economía mundial, se incrementa el número de países participantes en la guerra comercial. Cabe subrayar en ello el papel crucial que tiene México en términos geopolíticos, pues será punto de conexión con el mercado de Asia, lo cual implicará acelerar la construcción de infraestructura a gran escala para responder a la necesidades de estas nuevas rutas comerciales, y con ello muy probablemente se incrementará también de igual forma la conflictividad en relación con la tierra y el territorio, los bienes y recursos naturales y energéticos dentro del país. Preocupa igualmente que, de acuerdo con informaciones conocidas, la implementación del tratado afectará las regulaciones existentes en materia ambiental, agricultura, telecomunicaciones, seguridad, economía y salud, así como los derechos de propiedad intelectual, y que incluso sería posible implantar una vigilancia policiaca supranacional en Internet.

Hoy sabemos que este tratado es continuidad del TLCAN, cuyos efectos han padecido sobre todo lo sectores más desfavorecidos del país. Basta hacer un recorrido por el deteriorado campo mexicano, para darse cuenta de que estos tratados son recetas emanadas de instituciones comerciales internacionales de países capitalistas, afianzadas por grandes empresas trasnacionales, que empobrecen más a los países que ellos llaman emergentes. Algunos de los grupos, rubros e industrias que se verán amenazados debido a las afectaciones que les acarrearía este tratado son en primer lugar los pacientes, usuarios de medicamentos, de los cuales depende su vida, pues los fármacos ahora podrían quedar más reservados y monopolizados por las grandes farmacéuticas; la industria automotriz y de autopartes, que verían reducidos sus mercados, y las afectaciones a los empleos de personas de este ramo. Nuevamente se verían golpeados los campesinos, debido a los apartados relacionados con los negocios agroalimentarios, y toda persona usuaria de Internet, pues este tratado pretende instituir responsabilidades directas contra personas que supuestamente compartan contenidos ilegales en la red, entre otros grupos que, cuando conozcamos el texto del tratado en su conjunto, seguramente se integrarán a la larga lista de agraviados.

Por si fuera poco, el ATP permitiría que los inversionistas extranjeros demanden al gobierno cuando consideren que una reglamentación emitida en el sistema jurídico del país perjudicará sus ganancias. El mismo Joseph Stiglitz advierte que “el ATP limitaría que los gobiernos de los países miembros –incluido México– aprueben reglamentaciones para proteger la salud pública, la seguridad y el medio ambiente, o cualquier otro aspecto del bien público” ( La Jornada, 3/10/15).

Otro de los temas que ahora nos presenta este asunto es el de la información y transparencia en negociaciones internacionales de este tipo. Los gobiernos han mantenido en total secreto toda información y contenidos relacionados con el tratado. ¿Qué aspectos involucra tal documento que a la fecha no se ha hecho caso alguno a la petición de la ciudadanía global de conocer el texto? Es indispensable que para el caso de México las instituciones involucradas en los ámbitos Ejecutivo y Legislativo informen a los mexicanos sobre las afectaciones que este tratado acarrearía, y no sólo sobre los supuestos beneficios, lo cual sí se ha publicitado ampliamente. Es propio de un Estado democrático someter al escrutinio de especialistas, organizaciones y en general de la ciudadanía tratados de tal envergadura, pues por experiencias anteriores en la historia del país, sabemos bien que tienen implicaciones serias en los derechos de las personas y pueblos. Por lo menos en México se ha pretendido hacer creer que el ATP ya se firmó y no hay nada por hacer.

Sin embargo, este asunto y el debate público apenas empieza, ya que el titular del Ejecutivo tendrá que formalizar su firma y enviar el documento al Senado, el cual deberá en su caso discutirlo con toda responsabilidad, considerando a fondo el futuro sustentable de la humanidad, con­sultar ampliamente a especialistas en los distintos rubros de nuestra economía, y a la ciudadanía que se verá más directamente afectada por su implementación, aprobarlo, modificarlo o rechazarlo, pensando antes que nada en el desarrollo sostenible y soberano del país. Si se actúa de esa manera, es más que probable que tendrían que pronunciarse por rechazar el ATP y por plantear otro tipo de acuerdos comerciales.