ara es la vez que se hace justicia cabal en México desde las salas judiciales. Una de ellas fue el otorgamiento de un amparo colectivo promovido por el ciudadano Guillermo Martínez Berlanga y agraviados para evitar que una veintena de invasores siguieran en su empeño predatorio en diversos puntos del Cerro de la Silla, prominencia símbolo de Monterrey. Asistido por la ministra Mayra Elizabeth Chirinos Sepúlveda, el juez primero de distrito, Iván Millán Escalera, mandó detener las invasiones e informar de ellas a cargo de los denunciados, so pena de prisión.

Resoluciones judiciales como esa habrían impedido que el Parque Nacional Cumbres, el área natural protegida más grande del país creada por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se viese reducida a casi la mitad de su superficie original de 246 mil 500 hectáreas. Ya en 2000 –con el criterio de legalizar lo ilegal que Manlio Fabio Beltrones aplicara años después respecto de las playas (lo caido, caido)– una redelimitación ejecutada por el gobierno estatal la redujo a 177 mil 395 héctareas, para dar cabida a la vocación de hacendados de unos pocos constructores, políticos y propietarios.

Se ha construido y se quiere seguir construyendo la equivalencia urbana de la antigua hacienda rural bajo el ropaje del campo de golf. En uno de estos llamados desarrollos adquirió una residencia el anterior gobernador de Nuevo León, con un costo muy por encima de lo que su salario de servidor público podía justificar.

Dentro del Parque Nacional Cumbres, el Cerro de la Silla cumple, junto con la cordillera de la Sierra Madre y el Cerro del Potosí, una función reguladora del clima y de defensa frente a las furias cósmicas. Los españoles no tuvieron mal ojo cuando proyectaron explotaciones agropecuarias y asentamientos urbanos en aquellas superficies que bautizaron o rebautizaron con luengos nombres: Villa de San Luis Rey de Francia o Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, dentro de esa vastedad que fue el Nuevo Reino de León. La riqueza vegetal que en ellas había se ha visto seriamente menguada por el crecimiento de la población, al que se ha podido regular, y por la codicia de burócratas y empresarios, que no ha podido ser regulada.

Crecen las voces de advertencia: la naturaleza es insostenible bajo el modelo socioeconómico edificado por el capitalismo. Sobre todo cuando el cielo y el mar parecen venirse encima de vidas, construcciones y ahorros, como ya se pronosticaba con el huracán Patricia. El pronóstico afectó a varias decenas de familias pobres, pero no pasó a mayores. Permitió, sí, crear una cortina de agua respecto de fallas gubernamentales, actos rapaces y desaparecidos a los que el bien llamado bodrio La noche de Iguala ha pretendido dejar en manos de los malos; vaya, la verdad irrisoria del ex procurador Jesús Murillo Karam, a la cual ya se le busca una melliza.

En la próxima Cumbre sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en París dentro de un mes, será preciso que hablar de fracasos en el intento de reducir la emisión de gases contaminantes, que ha sido uno de los factores de mayor peso en el calentamiento del planeta. Sin la autocrítica, las expectativas sobre los compromisos de obligado cumplimiento por todos los países, incluso las grandes potencias, se verán frustradas una vez más al son de la retórica de la anterior docena de reuniones internacionales que han tenido lugar sobre el ambiente desde 1972, incluidas las cumbres convocadas por la ONU.

Si hubieran avanzado los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, el Protocolo de Kyoto y otros buenos y grandes propósitos, las comunidades de todo el mundo no tendrían por qué incomodarse saliendo a la calle a exigir la salvación del hábitat de la humanidad en peligro, como las que antes se han registrado y como la que ya se organiza en numerosas ciudades de los cinco continentes para los días 28 y 29 de noviembre: la Marcha Mundial por el Clima.

Si el boleto para esa cumbre fuese las aportaciones a la sustentabilidad del ambiente, México se vería en dificultades para entrar. En esta penosa situación, Monterrey, que ha sido evaluada –de entre mil 600 ciudades de 91 países en todo el mundo– como la más contaminada del país, sería uno de los mayores obstáculos para ello. Su condición tóxica se la debe a constructores, empresarios voraces y funcionarios coludidos con ellos para cambiar el uso del suelo o bien para contaminar impunemente la atmósfera y despojar (incluso a ejidatarios que viven de trabajar sus tierras como se pretende hacer con Las 13 Sembradoras de Cadereyta, un ejemplo entre muchos) e invadir lo ajeno.

En su campaña, Jaime Rodríguez Calderón afirmó que cambiaría todo y desembarazaría al gobierno de lo rancio, que él atribuye a la intervención de los partidos. Como secretario de Desarrollo Sustentable, nombró a un constructor amigo y copropietario con él de, por lo menos, un terreno. ¿Es esto lo nuevo, lo transformado, lo que dejó atrás las rancias prácticas políticas? ¿Hay alguna diferencia con el gobierno federal que ha dado la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Partido Verde, del cual en Nuevo León jamás se ha sabido de verdaderos compromisos ambientales al lado de la comunidad?

En ese caso, varias organizaciones ambientalistas le están pidiendo al flamante gobernador la renuncia de tal funcionario. El motivo: conflicto de intereses. Pronto se verá hasta dónde es creíble el gobierno abierto que pregona El Bronco.