El magisterio disidente del estado de México, acompañado por comunidades indígenas otomíes y diversas organizaciones civiles, denunció la ‘‘complicidad’’ del gobierno estatal con empresas constructoras e inmobiliarias para concretar el despojo de territorio, agua y bosques, en medio de una creciente criminalización de la protesta social.

En el foro Personas perseguidas y presos políticos en el Edomex, señalaron que esta realidad de ‘‘hostigamiento y represión’’ del movimiento social que se vive en la entidad desde hace varios gobiernos ‘‘es fiel reflejo de lo que ocurre en todo el país’’.

Durante más de dos horas, dirigentes del magisterio disidente y grupos comunitarios y organizaciones civiles de Xochicuautla, Coyotepec, San Pedro Tlanixco, Apaxco, Atenco y Huitzizilapan, entre otros, relataron sus luchas en torno a la defensa de sus comunidades ante decretos expropiatorios ‘‘claramente ilegales’’ del gobierno mexiquense, y ‘‘artimañanas’’ de autoridades municipales para apropiarse de la administración de agua o de otros bienes de la comunidad.

Agrupadas en la organización denominada El Fuego de la Digna Resistencia, contabilizaron 10 dirigentes encarcelados, una veintena con órdenes de aprehensión por cuando menos seis delitos, entre ellos motín, rebelión, robo y usurpación de funciones, además de que son víctimas permanentes de persecución, hostigamiento y amenazas de muerte.

En el foro, realizado en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, los maestros, dirigentes y comuneros señalaron al gobernador Eruviel Ávila como el ‘‘principal orquestador’’ de esta situación de despojo y de violaciones a los derechos humanos, que aunque se ha agudizado en su administración, en realidad cobró fuerza desde que el hoy presidente Enrique Peña Nieto estaba al frente del gobierno estatal.

Berenice Sánchez, consejera indígena de San Francisco Magú, denunció que la comunidad lucha contra autoridades municipales que quieren el control de agua para destinarla al proyecto de un fraccionamiento campestre, mientras que José Luis Fernández, de Xochicuautla, relató que enfrentan ahora de manera legal el decreto expropiatorio de gran parte de su territorio para la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.

Mientras tanto, el maestro César Hernández Neri denunció que desde abril de 2014 su hermano Óscar, también activista de la disidencia magisterial, está en prisión acusado injustamente de un homicidio cometido en 2007.