nrique Peña Nieto recorrió ayer alegremente el remodelado circuito automovilístico donde este domingo se realizará una carrera de la Fórmula Uno, entre coloridos banderines usados para saludarle y un puñado de empresarios (entre ellos José Abed, Carlos Slim Domit y Alejandro Soberón) plenos de orgullo por el negocio en marcha y por las estampas de modernidad que al mundo enviará la tan esperada competencia de velocidad sobre cuatro ruedas.

En tanto, cuatro dirigentes magisteriales por la fuerza eran llevados en avión oficial de Oaxaca a la ciudad de México, para terminar en el penal de alta seguridad del altiplano, acusados de cometer delitos relacionados con protestas políticas y sociales, en una maniobra policiaca (fase ascendente de la estrategia de las eñes, Peña-Nuño) que pretende descabezar y amedrentar al movimiento de oposición a la mal llamada reforma educativa en un tramo clave de esa lucha, justamente cuando el gobierno federal ha comenzado a aplicar descuentos sobre la nómina a decenas de miles de profesores que dejaron su trabajo en días pasados para participar en una marcha de protesta.

Los esfuerzos gubernamentales por mostrar normalidad e incluso regocijo, como sucedió ayer en las instalaciones del autódromo Hermanos Rodríguez (con Peña Nieto en el podio de los vencedores, en diálogo con pilotos destacados), tienen como contrapunto la tensión social en estados como Oaxaca y otros más donde hay presencia fuerte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La decisión gubernamental de ir apresando a dirigentes magisteriales opositores es un mensaje abierto y contundente de concordancia con el endurecimiento que con mucho gusto ha ido practicando el secretario de educación pública, Aurelio Nuño Mayer, en su carácter de álter ego represivo de su jefe, el piloto mexiquense del fallido auto nacional.

El significado de las aprehensiones de los cuatro profesores va más allá del contexto oaxaqueño y magisterial, pues a fin de cuentas envía el mensaje a miles de activistas en todo el país de que la guillotina judicial está montada y en cualquier momento puede dejar caer su hoja policiaca contra cualquiera que haya participado en las múltiples protestas con momentos de violencia que se han producido a lo largo del peñismo, que apenas va a cumplir la mitad de su periodo en el poder federal. Baste ver que además de las detenciones, realizadas en dos acciones distintas, se desalojó el plantón que profesores mantenían en torno al instituto educativo de Oaxaca y que los aprehendidos fueron trasladados en avión gubernamental, con un trato policial más rígido que el otorgado por el propio gobierno federal a jefes del crimen organizado, para ser internados en un penal de máxima seguridad (je, je: así los llaman, aunque El Chapo mostró que tales pretensiones son una gran mentira), lejano a sus casas y a los lugares donde se cometieron los hechos delictivos por los cuales son acusados.

Resultó también muy significativo el rudo cambio de la narrativa sobre hechos delictivos que ha sostenido el gobierno federal respecto a temibles capos a los que ha tratado con absoluto respeto a sus derechos humanos, a veces impidiendo que se conozcan datos personales o permitiéndoles extraños privilegios (hubo uno al que se le hizo llevar una botella de agua entre las manos colocadas atrás de su cuerpo, de tal manera que se daba la apariencia de que iba esposado). Ayer, en un retroceso histórico, virtual exhumación de las prácticas gubernamentales diazordacistas y conexas, la Procuraduría General de la República dio a conocer las fichas de actividades políticas, y de presuntas actividades delictivas, de tres de los cuatro profesores apenas detenidos, a los que se incrimina poderosamente desde hoy aunque no ha iniciado el proceso judicial que a fin de cuentas determinará si los presuntos responsables lo fueron o no. (Joseph) McCarthy con falda en la PGR, por instrucciones de la superioridad pinolera.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Represión Pública, Aurelio Nuño Mayer, cerebro de las operaciones concertadas contra el magisterio insumiso, justificó las aprehensiones por cuanto, a su entender, se fundaron en las evidencias que tienen de suficientes ilícitos que estas personas cometieron en diversos momentos. La CNTE, a su vez, advirtió que tiene conocimiento de que hay otras decenas de órdenes de aprehensión que la policía pretenderá cumplir. Además del carácter específico de delito político que en la doctrina jurídica se atribuye al motín, que es uno de los cargos presentados a algunos de los profesores detenidos ayer, el resto de las acusaciones se refieren en gran parte a hechos sucedidos en el contexto de protestas y movilizaciones políticas, así que fundadamente se puede decir que se está en presencia de presos políticos del régimen.

En otro tema: se ha enturbiado el proceso de apertura de una nueva cadena de televisión abierta que competirá con el duopolio histórico, conformado por Televisa y Televisión Azteca. La pretensión de posponer el apagón analógico, programado para el primer día del año entrante, resultaría perjudicial justamente para el Grupo Imagen, del empresario Olegario Vázquez Aldir, que ha ido cumpliendo con un calendario de acciones preparatorias (acaba de suprimir la programación de Cadena Tres, en el canal 28, para concentrar sus recursos en el nuevo canal abierto) y cuya propuesta de comercialización descansa en que haya televisores digitales en todo el país el uno de enero de 2016.

De posponerse el mencionado apagón analógico, conforme a las presiones de Televisa, Grupo Imagen sufriría evidentes pérdidas económicas. En ese contexto, ayer, de una manera extraña, se difundió información apócrifa asegurando que Vázquez Aldir podría demandar al Estado por los daños económicos que sufriera. El Grupo Imagen puntualizó que Vázquez Aldir no había fijado postura ni hecho declaración alguna al respecto. ¡Hasta el próximo lunes!

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