Chilpancingo, Gro.

Los nueve agentes de la Policía Federal (PF) y un civil retenidos el miércoles por pobladores de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri –quienes los acusan de estar al servicio de la organización delictiva Guerreros unidos– rindieron declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) luego de ser entregados en la delegación de esa dependencia en la capital del estado.

El comisario de ese poblado, Nelson Figueroa, denunció también a los elementos del 27 batallón de infantería de Iguala de estar coludidos con esa organización delictiva, implicada en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Figueroa narró que los agentes de la PF y Modesto Celso Peña Onofre, presunto informante de Guerreros unidos, llegaron a Carrizalillo antes del mediodía del miércoles en dos patrullas para detener al presidente del comisariado ejidal, Ricardo López García. Decían que tenía un arsenal en su casa, además de 3 millones de pesos, que pertenecen a la comunidad.

Dijo que el comisario pidió a los policías que le mostraran las órdenes de aprehensión y de cateo, pero “tiraron tres balazos y me dijeron que ellos se metían donde quisieran. Cuando los federales se percataron de que la gente estaba molesta pude llevarme (a su casa) al comisario, quien estaba tirado.

Cuando llegamos los policías de otra camioneta ya habían roto vidrios de su casa y ya tenían a dos muchachos esposados en la patrulla. Yo les dije que les quitaran las esposas porque si no íbamos a quemar la camioneta, orden que obedecieron.

Interrogado por los pobladores, Peña Onofre acusó a tres policías federales de pertenecer a Guerreros unidos. También nos dijo que traían dos escopetas y un rifle Barrett calibre 50 milímetros. En las camionetas también traían picos, palas y cinceles, probablemente para hacer fosas, dijo Nelson Figueroa.

Al mediodía, agregó, llegaron 15 elementos del 27 batallón de infantería de Iguala con un presunto agente del Ministerio Público. Yo quería entregarle a los detenidos, pero el pueblo no quiso. A la una de la tarde llegó otro agente del Ministerio Público de Iguala, pero los pobladores acordaron que sólo entregarían a los detenidos a la Armada de México, no al Ejército ni a la PF.

Finalmente los agentes y su acompañante fueron llevados a las 3 horas de ayer a la Secretaría de Marina junto con las camionetas, armas y herramientas que los agentes traían, y a esa hora venimos a las instalaciones de la PGR en Chilpancingo, dijo Figueroa.

Los retenidos llegaron alrededor de las 5 horas a la delegación de la PGR y rindieron declaración.

Figueroa anunció que solicitará al gobierno federal que instale un retén de la Armada en las inmediaciones del río Mezcala, cerca de Carrizalillo porque “siempre lo hemos tenido claro: el 27 batallón de infantería (con sede en Iguala) está vinculado con Guerreros unidos”.

Pobladores de Carrizalillo aseguraron que en octubre de 2014, tras los hechos de Iguala, el grupo delictivo dio refugio durante una semana al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quienes luego huyeron al vecino poblado de Xochipala”.

En Iguala, el gobernador Héctor Astudillo Flores respaldó al Ejército Mexicano y se reservó su opinión sobre la denuncia del comisario de Carrizalillo contra el 27 batallón de infantería. Lo único que puedo decir es que se tiene que hacer una investigación.

–Sin embargo, es preocupante que no haya confianza en esas corporaciones, ¿no?

–Ya lo dije: yo...

–¿Es necesario un cambio de estrategia?

–Hay un plan de seguridad para todo el estado. Vamos por la policía única, el mando único, lo mencioné en mi toma de protesta. ¿Qué hay que hacer? Los policías que están calificados, que han aprobado su examen, tendrán que ser incorporados a la policía única. En un año podríamos tener resultados y hacer una policía única estatal y que se distribuirá en los municipios.

Astudillo Flores realizó ayer una gira por Iguala, adonde llegaron unos 60 desplazados por la violencia en Carrizalillo, quienes demandaron esclarecer los asesinatos ocurridos contra de dos integrantes de la familia de Modesto Peña Celso Onofre, presunto halcón de Guerreros unidos, por integrantes del cártel de Los Rojos.

Los manifestantes, quienes demandaron seguridad y la liberación de Celso Onofre, fueron atendidos por Erick Castro Ibarra, delegado de Gobernación federal, a quien le informaron que al menos 300 familias han sido desplazadas desde el año pasado de Carrizalillo por negarse a pagar cuotas a Los Rojos.