San Juan del Río, Qro.

De persistir el robo de hidrocarburos –sólo en gas licuado de petróleo (GLP) asciende a 12 mil 960 millones de pesos anuales– se ponen en riesgo los frutos de la reforma energética, lo que afecta las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la rentabilidad de las empresas distribuidoras, denunció Óscar Uribe Fernández, presidente del comité organizador del GLP Forum 2015.

Durante su intervención en la sesión inaugural, el también presidente del Grupo Uribe aseguró: Vivimos en un país que no ha sido capaz de garantizar el estado de derecho en el sector de los combustibles y el gas LP no es la excepción, ya que sufrimos robos tanto del crimen organizado como de cuello blanco, robos en Pemex, a los particulares, en terminales, en nuestros ductos, transportes, plantas de gas y en autotanques.

Explicó que el gas robado es comercializado en plantas y estaciones de carburación irregulares, donde la mayoría no cuenta con programas de suministro de Pemex y no se les exige justificar la procedencia del producto.

Esta práctica, dijo, ha generado infinidad de distorsiones y una competencia desleal en el mercado e incluso ahora puede poner en riesgo los resultados de esta reforma energetica, advirtió.

Precisó que el mayor problema se registra en ductos localizados en el norte del país, como Tamaulipas, desde Cactus hasta México, y le siguen Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, estado de México y el Distrito Federal, pero también en Michoacán y Oaxaca tenemos problemas graves de robo de combustibles, refirió.

Detalló que de las 600 mil toneladas de gas que se comercializan mensualmente el robo de gas es de alrededor de 90 mil toneladas, con un valor de mil 80 millones de pesos.

Uribe Fernández aseguró que existe colusión administrativa en este ilícito, por lo que demandó un reglamento que propicie que estos jugadores que se encuentran en el clandestinaje entren al mercado formal y tengan sus contratos con Pemex. Lo importante es que justifiquen de dónde obtienen el gas y a partir de ese momento vamos a acabar con el robo.

En cuanto a los riesgos de la apertura comercial de gas LP, la primera medida que contempla la reforma energética es la eliminación de las restricciones a la participación extranjera. A la fecha, ninguna empresa que no sea nacional participa en nuestro país, aunque sabemos el interés que el volumen y la tradición de consumo de los mexicanos representa en el extranjero.

El reto para nuestro sector es que la distribución continúe siendo realizada por los mexicanos, pero basados en un servicio seguro y de calidad, y no que suceda como con el gas natural, cuya distribución está en manos de trasnacionales, en las cuales los beneficios que generan salen del país.

Por su parte, Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), dijo que este problema se agudizó en los pasados dos sexenios. Estimó que el volumen de gas robado oscila entre 15 y 20 por ciento del volumen total de gas que se comercializa.

Nosotros hace 10 años le comprábamos 15 por ciento más gas a Pemex y el mercado no ha decrecido, por el contrario ha aumentado. Por ello, es necesario que el robo de combustibles se tipifique como delito federal grave, como lo demanda una iniciativa actualmente congelada en la Cámara de Diputados.

Mencionó que por cada camión que les roban a los distribuidores de gas registran una pérdida de 2.3 millones de pesos, y pese a que la aseguradora paga el valor se tardan casi seis meses en reponer el autotanque.

Octavio Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, aseguró que el sector cuenta con la infraestructura para el almacenamiento del energético cuando se dé la liberalización de la importación a partir del primero de enero de 2016.

Consideró que con los bajos precios del gas a escala internacional el precio al público podría reducirse hasta en 30 por ciento.