l gran problema del abuso de muchos de los llamados desarrolladores en la construcción de casas habitación, a partir de las facilidades que otorgaba la Norma 26, aquella que pretendía incentivar la construcción de vivienda de interés social, no tardará en estallar.

Ya hemos dicho en este espacio que el gobierno de la ciudad de México ha dejado que los constructores de vivienda se pasen por el arco del triunfo cualquier ley que se interponga entre ellos y sus intereses, y que las autoridades nada han hecho para impedir los abusos.

El caso más notorio es el de la violación a la Norma 26 de ordenación urbana que otorgaba la posibilidad de construir en 11 colonias de Benito Juárez, 10 en Cuauhtémoc y dos en Iztacalco, en un primer polígono. Las viviendas que se edificarían no debían superar los 65 metros cuadrados, y su costo no sería mayor a 15 veces el salario mínimo de un trabajador en un año, en el DF.

Como decíamos, esta condiciones no sirvieron para calmar las ambiciones de los desarrolladores, quienes manifestaban a la autoridad que sus construcciones estarían apegadas a lo que la norma dispuso, pero en realidad levantaron vivienda a todo lujo, y en el Centro Histórico, por ejemplo, un departamento llegó a costar hasta 236 veces el salario mínimo anual de un trabajador en el DF.

Esta situación se repitió, con diferentes, costos en casi todos los lugares donde se permitió la construcción de vivienda, y muchos millones de pesos, de 100 para arriba, seguramente, se han invertido en la trampa de la construcción que, ya comentábamos, está a punto de estallar.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se confiesa harto de los abusos, y aunque la construcción significa 30 por ciento del producto interno bruto de la ciudad de México, explica que no permitirá que se vuelvan a cometer fraudes como los que se hicieron en años pasados, por lo que ha pedido que se haga algo con la ley que enmarca el desarrollo inmobiliario en el DF para que la construcción de vivienda popular se reactive.

La Norma 26 ha sido un dolor de cabeza para los mandatarios del DF. Habría que recordar que al secretario de Desarrollo Urbano y Vivieda en el sexenio pasado, Felipe Leal, se le acusó, eso sí, sin mayores consecuencias, de haber entregado en septiembre 25 del 2013, 54 certificados de construcción dentro de la norma mencionada, los cuales en un 85 por ciento no presentaron corridas financieras, y el 15 por ciento restante rebasaría el número de pisos autorizados para este tipo de obra.

Esa acción, que como decíamos no causó desvelo al funcionario que la realizó, sí impactó a las autoridades todas del DF que decidieron suspenderla, y con ello frenar inversiones legales que podrían haber costado en su conjunto hasta 11 mil millones de pesos, que buena falta le hacen a la ciudad.

Ahora tres construcciones que están más allá de los límites legales podrían ser demolidas. Una de ellas en las calles de Uxmal, en Narvarte, delegación Benito Juárez, está vendida casi en su totalidad. Nadie quiere revelar los nombres de quienes construyeron, pero lo malo es que ya hay gente que compró de buena fe, y que se vería afectada con la demolición. Como esa, seguramente hay muchas; cosa de buscarle, señor secretario de Desarrollo Urbano, cosa de buscarle.

De Pasadita

Otra de las batallas que habrán de librarse en esta capital será la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para Morena, y para la legisladora Raquel Sosa, así como para Andrés Manuel López Obrador, la creación de cinco planteles más en el DF no pude esperar. Irán contra todo y contra todos para lograr que los jóvenes de la ciudad de México tengan mayores espacio de estudio. Tan-tán.

ciudadperdida@yahoo.com • ciudad angel@hotmail.com