El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dijo que no es insensible, como lo calificó el senador Javier Lozano, por insistir en cumplir el mandato constitucional de realizar el apagón analógico a más tardar el próximo 31 de diciembre; por el contrario, sostuvo, cumple con las disposiciones que éste y otros legisladores le ordenaron, y cuestionó que el senador ahora contradiga el marco legal que él mismo aprobó.

Si lo que se pretende es que el instituto viole su mandato constitucional con el argumento de que de no hacerlo es insensible, eso no va a suceder. En el Ifetel cumplimos con aquello que nos marca la ley, por un desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, en beneficio de los mexicanos.

Ante estas circunstancias el Ifetel cuestionó de forma directa al senador: si no se quería que terminara la transición a la televisión digital terrestre el 31 de diciembre de 2015, ¿por qué lo aprobó así? Si no se querían apagones analógicos anticipados, ¿por qué los aprobó? Si se buscaba un mayor nivel de penetración de receptores digitales, ¿por qué obligó en la ley al Ifetel a apagar las señales analógicas con 90 por ciento de penetración en los hogares de más escasos recursos? Finalmente, si a su juicio el problema no es la ley que aprobó, ¿por qué insiste tan activamente en cambiarla? De lo único que se puede responsabilizar al instituto es de cumplir con la ley, esa ley que el senador votó a favor.

La polémica entre el gobierno federal y el Senado sobre la necesidad de postergar el apagón se basa en que habría cientos, miles o millones de ciudadanos –ya que no hay cifras oficiales– que se quedarían sin poder ver televisión digital abierta si se mantiene el plazo constitucional del 31 de diciembre de 2015 para la migración, ante lo cual el Ifetel intensificó la defensa de su desempeño sobre cada mandato legal que le confirió el Poder Legislativo, y en específico del apagón analógico.

En un comunicado, el organismo regulador aseguró que ha sido respetuoso de la Constitución y de las leyes que rigen su actuación, lo que se puede demostrar con el cumplimiento de plazos legales, muchos de ellos breves, para que entraran en vigor diversas medidas.

Aseguró que también ha sido respetuoso de las opiniones que se vierten respecto del ejercicio de sus funciones, como las que ha emitido el senador Javier Lozano sobre el apagón analógico, expresiones con las que contradice el marco legal que aprobó y defendió no sin poco entusiasmo, y acusa a esta institución de insensible por el hecho de cumplirlo a cabalidad, como es su obligación.

La discusión sobre la necesidad de postergar el apagón se intensificó a raíz de la transición en Monterrey, donde cerca de 500 mil personas se quedaron sin señal, lo que dio lugar a que el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, advirtiera del riesgo de que 12 millones de personas se quedaran sin señal a fin de año.

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de personas que no podrían ver televisión digital, porque no recibieron el dispositivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o porque no lo compraron. El argumento de la autoridad para no tener una cifra consiste en que esos datos se obtienen al momento de apagar una zona; otras cifras son especulaciones.

El apagón se ordenó desde hace dos años en la reforma constitucional; la necesidad de ampliarlo se manifestó a menos de tres meses de que se cumpla el plazo legal.

Entre 1.5 y 2.5 millones de hogares comprarían su tele

La propuesta del senador Javier Lozano para aplazar el apagón analógico incluye restablecer señales analógicas ya cesadas, lo que representaría un retroceso en avances logrados desde 2013 y, al mismo tiempo, crearía una asimetría entre Cadena Tres, Televisa y Tv Azteca, advirtió la consultoría Telconomía.

En contraste, explicó el consultor Jesús Romo, la propuesta del senador Miguel Barbosa para aplazar el apagón analógico seis meses, sin dejar de hacer apagones escalonados, permitiría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones terminar antes de ese plazo, pero requeriría más recursos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sólo durante el primer semestre del año en curso se han gastado alrededor de 17 mil millones de pesos en la compra y entrega de televisores a los hogares listados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Estimaciones de la propia consultoría señalan que si se mantiene la fecha del 31 de diciembre como plazo para la migración a la televisión digital terrestre (TDT), los hogares que tendrán que hacer la transición sin asistencia gubernamental fluctuarán entre 1.5 y 2.5 millones.

Telconomía tomó como base de sus estimaciones información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2014, las cuales indicaban que en México había 29.7 telehogares, de los cuales 9.2 millones tenían al menos una televisión digital, y 20.5 millones sólo podían ver televisión analógica.

Con esos datos proyectó dos escenarios para 2015. Este año en México hay 30.1 millones de telehogares, de los cuales 20.6 millones tendrán al menos una televisión digital si el gobierno federal logra entregar ciento por ciento de los televisores comprometidos. Ocho millones de telehogares tendrían televisón analógica, pero con un servicio de televisión restringida, por lo que 1.5 millones de telehogares tendrían que comprar dispositvos.