La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el uso excesivo de las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios del país vulnera las garantías de la población interna, como salud, seguridad jurídica, legalidad y trato digno.

Al emitir la recomendación 22/2015, el organismo nacional denunció también que se han comprobado violaciones a los derechos humanos en torno a este tipo de prácticas y, en consecuencia, una inadecuada rehabilitación y reinserción sociales cuando se utiliza de forma excesiva e incorrecta.

Visitas aleatorias

Precisó que de las visitas aleatorias realizadas por sus visitadores adjuntos se observó que en 130 centros estatales penitenciarios varoniles, mixtos y de mujeres, así como en los 20 centros federales, existe una problemática importante en torno a esta práctica, que regularmente se impone como sanción, medida de protección y como internamiento cotidiano.

A raíz de estas visitas constató que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia ni se realiza certificación de integridad física y el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; hay restricción en las comunicaciones y omisión de notificaciones a los familiares en cuanto a la imposición de este aislamiento.

En su recomendación, la CNDH sugiere al sistema penitenciario nacional llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de que su aplicación se lleve a cabo de conformidad con los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, donde se manifiesta que el aislamiento se considera prolongado cuando se impone por más de 15 días.

El documento, dirigido a todos los gobernadores del país, a los secretarios de Gobernación y de Defensa Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong y Salvador Cienfuegos, respectivamente, así como al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, contiene siete recomendaciones específicas que buscan que los gobiernos federal y locales eliminen las deficiencias detectadas en la aplicación del aislamiento a los internos.

Como primer punto sugiere que el sistema penitenciario nacional promueva la adopción de medidas legislativas, administrativas e institucionales a fin de homologar la normatividad que regule la figura del aislamiento como sanción, siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para los internos.